Venezuela lleva décadas viviendo bajo la tiranía de unos mandatarios que atacan a miles de personas simplemente por tener un pensamiento contrario al del régimen comunista. Prueba de ello son los datos que diferentes organizaciones nos ofrecen sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen. Según desveló la ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), 9.465 ciudadanos fueron asesinados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) entre 2013 y 2023. Una cifra que convierte al dictador venezolano en una "catástrofe para los derechos humanos":
En apenas diez años, Maduro se convirtió en una catástrofe para los derechos humanos.
Policías y militares -de la PNB y la GNB- asesinaron a cientos de personas, envalentonados por el discurso de la "mano dura" que dio pie a la masacre por goteo https://t.co/y70eELQPG8 pic.twitter.com/tQocgI2vLz
— PROVEA (@_Provea) April 15, 2023
Pero la represión contra los venezolanos no concluye ahí. De acuerdo a los datos ofrecidos por Provea, el régimen de Nicolás Maduro violó el derecho a la integridad física y moral de 40.351 personas, equivalente a más de 4.000 por año desde que comenzase su mandato. Además, la ONG asegura se superó el millar de torturas acometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas y de tratos inhumanos:
En diez años de gestión de Maduro, las abusivas prácticas policiales y militares –alentadas por la narrativa oficial y la impunidad estructural-, cruzaron una frontera que hasta hace unos años parecía impensable, y en la actualidad pudieran constituir crímenes de lesa humanidad pic.twitter.com/nUfOaHfkwn
— PROVEA (@_Provea) April 15, 2023
La situación en Venezuela es inhumana. No sólo por los crímenes o las torturas que se cometen; también por la impunidad que se concede a los responsables. En declaraciones a Infobae, Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, denunció la opacidad y la inacción de las instituciones venezolanas pese a la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI):
En la Justicia venezolana no hay ninguna voluntad de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, ya sean los crímenes cometidos mediante detenciones arbitrarias o las ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad o en el contexto de protestas. La CPI extendió el período a investigar desde 2014 a la actualidad ya afirmando que no son presuntos crímenes, sino que en Venezuela efectivamente se han cometido crímenes de lesa humanidad.
