El expresidente Donald Trump ya ha sido procesado y se declaró inocente. Estaba representado por dos abogados, ninguno de los cuales, al parecer, Trump quiere que dirijan su defensa en el juicio. Ha estado entrevistando a abogados de Florida, y varios de los mejores se han negado. Lo sé porque he hablado con ellos. Existen inquietantes sugerencias de que entre las razones por las que los abogados declinan el caso se encuentra el temor a represalias legales y profesionales.
Hay un grupo nefasto que se hace llamar The 65 Project (El Proyecto 65, en inglés) que tiene como objetivo intimidar a abogados para que no representen a Trump ni a nadie relacionado con él. Han amenazado incluso con denunciar a aquellos letrados. Cuando estas intimidaciones se conocieron por primera vez, escribí un artículo de opinión en el que me ofrecía para defender pro bono a cualquier abogado perseguido por The 65 Project. Así que The 65 Project fue inmediatamente detrás de mí inventando una acusación basada en un caso en que fui asesor constitucional. El objetivo era enviar un mensaje a los posibles abogados de Trump: si defiendes a Trump o a alguien relacionado con él, te tendremos en el punto de mira y encontraremos algo por lo que acusarte. Los abogados con los que he hablado son plenamente conscientes de esta amenaza, y se la están tomando en serio.
También puede haber otras razones por las que los letrados se muestren reacios a defender a Trump. No es el cliente más fácil, y se ha vuelto contra algunos de sus anteriores defensores, como algunos de sus anteriores abogados se han vuelto contra él. Será un caso difícil de defender e impopular entre muchos profesionales del Derecho y la población en general.
Sin embargo, los buenos abogados suelen acoger con agrado los retos, especialmente en casos de gran repercusión. Este caso es diferente: las amenazas a los abogados son mayores que en cualquier otro momento desde el macartismo. Tampoco es exagerada la comparación con el macartismo. Recuerdo cómo durante los años 50 los abogados defensores de las libertades civiles, muchos de los cuales despreciaban el comunismo, eran anulados y atacados si se atrevían a representar a personas acusadas de ser comunistas. Incluso las organizaciones de defensa de las libertades civiles se mantuvieron al margen de estos casos, por temor a que afectara su recaudación de fondos y su prestigio. Lo que vivimos hoy en día puede ser incluso peor, como puedo atestiguar por mis propias experiencias personales, después de haber defendido a Trump de un impeachment inconstitucional en 2020. Tanto mi biblioteca local como mi centro comunitario y sinagoga me cancelaron. Viejos amigos se negaban a hablar conmigo y amenazaban a otros que sí lo hacían. Mi mujer, que no estaba de acuerdo con mi decisión de defender a Trump, también fue condenada al ostracismo. Hubo amenazas físicas contra mi seguridad.
Nuestro sistema de justicia se basa en el estándar de John Adams: él también fue atacado por defender a los soldados británicos acusados de la Masacre de Boston, pero su representación de estos acusados sirve ahora como símbolo del derecho a la defensa establecido en la Sexta Enmienda. Ese símbolo ahora ha sido puesto en peligro por The 65 Project y otros que también participan del amedrentamiento macartista contra quienes podrían representar a Trump y sus allegados.
Los abogados de Trump han denunciado ahora que uno de los fiscales sugirió a Stanley Woodard, el abogado de Waltine Nauta, coacusado de Trump, que su candidatura a juez podría verse afectada negativamente si persiste en defender enérgicamente a Nauta en lugar de animarle a cooperar contra Trump. Si eso es cierto -no he visto pruebas que lo demuestren-, entonces representa un ataque directo a la Sexta Enmienda.
Independientemente de lo que uno pueda pensar de Trump o de los cargos en su contra, todos los estadounidenses deben permanecer unidos contra los esfuerzos por intimidar a abogados y atemorizarlos para que no defiendan a clientes impopulares en virtud de la Sexta Enmienda. Los colegios de abogados deben investigar las amenazas y acciones de The 65 Project y de los fiscales que intentan, por medios sutiles u no tanto, influir en la representación de clientes.
Los casos difíciles e inusuales pueden ser una base pobre para una ley general, pero los casos partidistas ponen en peligro los derechos constitucionales. Debemos hacer todo lo posible para garantizar que todos los acusados, incluso Donald Trump, obtengan la celosa representación que la Constitución garantiza a los estadounidenses.
