En una entrevista concedida el pasado fin de semana a Fareed Zakaria, de CNN, el presidente Joe Biden pintó un panorama desolador de uno de los aliados más estrechos de Estados Unidos. En línea con declaraciones anteriores en las que condenaba a los gobernantes de Israel, Biden afirmó que el Estado judío está dirigido por "uno de los Gobiernos más extremistas" que jamás haya visto. A continuación, añadió que el Gabinete israelí es una coalición con "problemas" en la que el primer ministro, Benjamín Bibi Netanyahu, lucha por mantener el control "moviéndose hacia la moderación".
Era una respuesta a una pregunta sobre por qué Biden no ha invitado aún a Washington al primer ministro israelí, mientras que, irónicamente, el Gobierno chino –el principal enemigo geoestratégico de Estados Unidos– le ha pedido que visite Pekín. Biden respondió comentando simplemente que el presidente de Israel, Isaac Herzog, acudirá pronto a la capital de EEUU. Todo eso está muy bien, pero Herzog, a pesar de sus periódicos intentos de intervenir en política, tiene un papel puramente simbólico en la gobernanza de Israel. Negar a Netanyahu la cortesía de una visita es mera cuestión de enfoque; lo que importa es que Biden lleva todo 2023 haciendo lo que está en su mano por socavar a Netanyahu y ayudar a quienes pretenden echar abajo su Gobierno.
El mismo día en que se emitía la entrevista de Biden en la CNN, Netanyahu dio una clara muestra de que en su Gobierno quien manda es él, no Itamar ben Gvir [ministro de Seguridad Nacional], el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, o los partidos haredim.
Ante una Autoridad Palestina (AP) tambaleante y al borde del colapso debido a su corrupción, su incompetencia y su negativa a asumir la responsabilidad de prevenir el terrorismo (principalmente, luchando contra el empeño de Hamás y la Yihad Islámica Palestina [YIP] de convertir Judea y Samaria en una nueva Gaza), el Gabinete de Seguridad decidió intervenir. Así, votó 8-1 a favor de tomar medidas de emergencia para ayudar a salvar la AP. El único voto negativo fue el de Ben Gvir.
La discusión sobre lo que debe hacer Israel respecto a la AP es complicada. El presidente de ésta, Mahmud Abás (87 años), es gran parte del problema, y lo mismo puede decirse del resto de la cleptocracia del partido Fatah que dirige Abás. La AP trabaja contra la paz en los foros internacionales. Fomenta la violencia y el odio contra Israel y los judíos en sus medios de comunicación y en las escuelas públicas. Subvenciona el terror con un programa de pagar por asesinar que recompensa a quienes hieren y asesinan a judíos e israelíes. Y su pura ineficacia ha convertido las zonas bajo su control en un auténtico caos.
Pero la alternativa a la desaparición de la AP es que Israel asuma el control directo sobre toda Judea y Samaria, algo que pocos desean en el propio Israel. En esencia, significaría reanudar una ocupación real de toda la Margen Occidental, que terminó hace décadas, tras la firma de los Acuerdos de Oslo, aunque a la comunidad internacional y a los críticos y enemigos de Israel les gusta fingir que no.
Sin embargo, Netanyahu está dispuesto a ofrecerle ayuda financiera para mantener a flote el régimen corrupto de Abás. Abás rechazó formalmente la oferta israelí, pero, como ha ocurrido a menudo en el pasado, es probable que los dirigentes palestinos acepten discretamente la ayuda que rechazaron públicamente.
