La inmigración, el gran quebradero de cabeza de Biden: estudia agilizar las deportaciones mientras legisladores demócratas le reclaman regularizaciones masivas

El DHS anunciará un endurecimiento en la política de asilo, mientras que el presidente se plantea recurrir a su autoridad presidencial para frenar la llegada de ilegales antes de las elecciones.

La política migratoria se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para el presidente Biden, pero, sobre todo, para el candidato Biden. Mientras que su postura personal, y la de buena parte del Partido Demócrata, especialmente del ala más progresista, siempre ha sido de mano blanda, los millones de inmigrantes que han cruzado la frontera durante su mandato han puesto este asunto como uno de los puntos calientes de cara a la elección del próximo inquilino de la Casa Blanca.  En estos momentos, esta dicotomía le explota en las manos al líder del Ejecutivo, que estudia endurecer las medidas de asilo y agilizar las expulsiones mientras que 83 legisladores de su partido le pidieron por carta la regularización de millones de sin papeles que se encuentran en el país.

Según adelantó Politico, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) pretende anunciar a lo largo del jueves una nueva normativa para los solicitantes de asilo. Entre las principales novedades se incluye el análisis inmediato de si un inmigrante sin papeles cumple con los criterios para ser admisible o no, en lugar de esperar a una entrevista en una fase posterior. Con esto se agilizarían las deportaciones de los considerados "inadmisibles", como aquellos que cuentan con antecedentes criminales o están en la lista de sospechosos de terrorismoCBS apuntó posteriormente que fuentes del DHS destacaron que se trata de aplicar ciertas barreras que ya existen en la legislación actual durante las conocidas como entrevistas del miedo.

Biden estudia recurrir a la sección 212(f)

No obstante, esto sería un adelanto ya que, también según CBS, Biden estudia recurrir a su autoridad presidencial para restringir de manera considerable las concesiones de asilo antes de las elecciones de noviembre. Sería mediante la ejecución de la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite a un presidente establecer restricciones e incluso suspender la entrada de migrantes cuya llegada se considere perjudicial para los intereses de Estados Unidos.

Siempre que el Presidente considere que la entrada de cualquier extranjero o de cualquier clase de extranjero en Estados Unidos sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos, podrá, mediante proclamación y durante el periodo que considere necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o de cualquier clase de extranjeros como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a la entrada de extranjeros las restricciones que considere oportunas. Siempre que el Fiscal General considere que una compañía aérea comercial no ha cumplido con los reglamentos del Fiscal General relativos a los requisitos de las compañías aéreas para la detección de documentos fraudulentos utilizados por los pasajeros que viajan a los Estados Unidos (incluida la formación del personal en dicha detección), el Fiscal General podrá suspender la entrada de algunos o todos los extranjeros transportados a los Estados Unidos por dicha compañía aérea.

Regularización masiva

A la par, Un grupo de 83 congresistas demócratas -entre ellos miembros del Caucus Hispano y The Squad- remitieron una misiva a Biden en la que solicitaban al presidente la regularización masiva de inmigrantes que viven de manera irregular en el país. Como razón, alegan cuestiones económicas (aportan unos 20.000 millones de dólares a las arcas públicas entre impuestos y seguridad social) y familiares (1,1 millones de estadounidenses casados con una persona sin papeles y casi 5 millones de niños con nacionalidad estadounidenses y al menos uno de sus padres en situación ilegal.

Solo en 2019, se calcula que los inmigrantes indocumentados contribuyeron con 9.700 millones de dólares en impuestos federales y estatales y con más de 11.000 millones de dólares en contribuciones a la seguridad social.1 Más de 1,1 millones de ciudadanos estadounidenses están casados con un inmigrante indocumentado, y aproximadamente 4,9 millones de niños ciudadanos estadounidenses tienen al menos un progenitor indocumentado. Deportar a todas estas personas -como ha amenazado con hacer el expresidente Donald Trump si es reelegido3 - devastaría la economía estadounidense y destruiría a las familias estadounidenses. 4 Como alternativa, agilizar las vías para que los inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales y con profundos lazos con Estados Unidos obtengan la libertad condicional o un estatus migratorio legal proporcionaría estabilidad a sus familias, les obligaría a pagar impuestos y a ponerse en contacto con el gobierno estadounidense con regularidad. Para llevar a cabo esta racionalización, le instamos a que considere las siguientes recomendaciones.