670 iniciativas a lo largo y ancho de todo el país. Tantas son las medidas actuales para prohibir la enseñanza de la Teoría Crítica de la Raza (TCR). Han brotado en poco más de dos años, coincidiendo con la presidencia de Biden -y no por casualidad-. Curiosamente, en ese periodo se han impulsado medidas en todos los estados menos en aquel que el demócrata ganó por 36 años, Delaware.
La información surge de una base de datos elaborada por la Universidad de California (UCLA). El CRT Forward Tracking Project recopila propuestas y normas gubernamentales en los niveles local, estatal y federal. Las medidas apuntan a distintas instituciones educativas: K-12, educación superior, agencias estatales o federales, contratistas y empresas privadas u oenegés.
Siguiendo el ejemplo de Trump
Durante los últimos meses de su presidencia, Donald Trump aprobó una orden ejecutiva para “combatir los estereotipos raciales y sexuales ofensivos y antiamericanos y los chivos expiatorios”. Biden no tardó en mostrar su desacuerdo: abolió la Orden Ejecutiva 13950 en su primer día ocupando el despacho oval.
A pesar de la premura de Biden, los datos del CRT Forward Tracking Project muestran que llegó tarde. En sus cortos tres meses de vida, la orden del republicano se vio replicada en 250 medidas de agencias en otros niveles del Estado que prohibían la enseñanza de la TCR.
El lenguaje de la Orden Ejecutiva 13950 “impregna todas las formas de actividad contra la ‘TCR’”, según un reporte del proyecto. El ítem más copiado del decreto trumpista es prohibir la enseñanza de que “un individuo, por virtud de su raza o sexo tiene responsabilidad por acciones cometidas en el pasado por otros miembros de su misma raza o sexo”. Hasta el 6 de abril, el 41% de las normas incluían ese punto.
El 33% prohibía aleccionar en que “cualquier individuo debería sentir incomodidad, culpa, angustia o cualquier otra forma de estrés psicológico por culpa de su raza o sexo”. Y el 21% refería a “conceptos divisivos” en general.
El texto promulgado por Trump sirve para entender qué aglutina a estos esfuerzos esporádicos, repartidos por distintas agencias y niveles gubernamentales -local, estatal y federal-. “Mucha gente impulsa una visión de Estados Unidos basada en jerarquías sociales e identidades políticas en vez de la dignidad e igualdad inherente en cada persona como individuo”, reza el documento, que también explica:
Esta ideología hunde sus raíces en la perniciosa y falsa creencia de que Estados Unidos es un país irremediablemente racista y sexista; que algunas personas, simplemente por su raza o sexo, son opresoras; y que las identidades raciales y sexuales son más importantes que nuestra condición común de seres humanos y estadounidenses.
Aquella creencia del país como uno fundamentalmente corrompido, “está migrando de los márgenes de la sociedad estadounidense y amenaza con infectar las instituciones básicas de nuestro país”. La orden pasaba luego a prohibir que se promueva este tipo de discriminación en el personal del Estado, los servicios uniformados o los contratistas federales. También vetaba que se promuevan subvenciones para aquellos fines.
Executive Order 13950 - Combating Race and Sex Stereotyping by Santiago Adolfo Ospital on Scribd
Más rojos que azules
Como es de esperar, los estados controlados por el Partido Republicano son los que más medidas impulsaron. Introdujeron el 63% del total registrado hasta el mes pasado, frente al 21% de los estados demócratas y el 16% de los estados púrpura -aquellos que cambiaron de partido entre las elecciones de 2016 y 2020-.
Los republicanos también son más efectivos. Según el documento: “La legislación y los responsables políticos de los estados azules son menos eficaces que los de los estados rojos y morados para que las medidas contra las ‘TRC’ pasen de la de la introducción a la adopción”.
El senador republicano Bryan Hughes es el último ejemplo. El Senado de Texas aprobó la semana pasada su propuesta de ley que sostiene: “Un miembro del profesorado de una institución de enseñanza superior no puede obligar o intentar obligar a un estudiante matriculado en la institución a adoptar la creencia de que cualquier raza, sexo o etnia o creencia social, política o religiosa es intrínsecamente superior a cualquier otra raza, sexo, etnia o creencia”. La segunda parte de aquel texto (destacada en negrita) es análoga al primer punto de la definición de “conceptos divisivos” que la orden ejecutiva de Trump quería prohibir: “(1) Una raza o sexo es inherentemente superior a otra raza o sexo”.
El proyecto de ley 16 del Senado, que prohíbe al profesorado de la enseñanza superior obligar o forzar a un estudiante a creer o adoptar determinadas creencias, ha sido aprobado por el Senado de Texas.
Senate Bill 16, which prohibits the faculty of higher education from compelling or forcing a student to believe or adopt certain beliefs, has passed the Texas Senate. #txlege
— Senator Bryan Hughes (@SenBryanHughes) April 12, 2023
El proyecto de Hughes, que hasta el momento no figura en la base de datos del CRT Forward, daría a las universidades hasta principios de enero para adaptarse a sus requisitos si finalmente es aprobado.
Los niños del K-12
“Entrenan a nuestros hijos para que sean guerreros de la justicia social, para que odien a nuestro país y nuestra historia”. Con esas palabras se dirigió Xi Van Fleet, superviviente de la Revolución Cultural China, al Consejo Escolar del Distrito de Loudon. “El Partido Comunista recurría a las mismas estrategias, la única diferencia es que usaban la clase social en vez de la raza”.
“The Communist regime used the same critical theory to divide people. The only difference is they used class instead of race.”
—Xi Van Fleet speaking before the Loudoun County school board.
— Independent Women's Voice (@IWV) June 10, 2021
Este es un ejemplo de los tantos que circulan por las redes de padres, docentes y alumnos discutiendo la TCR en las escuelas. Y aunque las universidades son la cuna de la ideología, solo un 12% de las acciones anti-TCR se dirigen a ellas. El 90% de las medidas impulsadas apunta a la educación primaria y secundaria. Son 600 regulaciones. Abarcan tanto lo que se enseña en las aulas como los materiales curriculares que se utilizan para ello.
