El Departamento de Justicia presenta los primeros cargos por crimen organizado bajo la ley RICO contra el Tren de Aragua

El Departamento de Justicia presentó por primera vez cargos por crimen organizado bajo la ley RICO contra la temible pandilla venezolana ‘Tren de Aragua’ (TdA), una de las bandas criminales de mayor crecimiento en toda la región.

En un comunicado oficial, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York anunció que el caso forma parte de la “Operación Recuperar América”, un esfuerzo que busca movilizar los recursos del Departamento de Justicia para acabar con los cárteles de droga y las organizaciones criminales como el TdA en territorio estadounidense.

El anuncio detalla que los cargos, que incluyen delitos graves como tráfico de personas, trata sexual e incluso asesinatos, fueron presentados contra 27 presuntos miembros actuales y antiguos del Tren de Aragua. De hecho, seis de los acusados son miembros activos de la peligrosa banda mientras que los otros 21 forman parte de una banda enemiga de exmiembros llamada “anti-Tren”.

“Hoy presentamos cargos contra 27 presuntos miembros, exmiembros y asociados del Tren de Aragua, por cometer asesinatos y tiroteos, forzar a jóvenes venezolanas víctimas de trata a ejercer la prostitución, robar y extorsionar pequeños negocios, y vender ‘tusi’, una droga en polvo rosa que se ha convertido en su marca distintiva”, dijo Matthew Podolsky, fiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York.

Diversos investigadores como la periodista Ronna Risquez, autora del libro de investigación más detallado sobre el Tren de Aragua, dijeron a VOZ que una de las características principales de la peligrosa banda es justamente apuntar contra la vulnerable población inmigrante venezolana mediante una captación que incluye amenazas, secuestros y extorsión.

El fiscal Podolsky aseguró que su oficina trabajará para perseguir a las bandas transnacionales en territorio estadounidense y que los cargos presentados son una prueba clara de ello.

Todos los cargos fueron presentados en dos acusaciones distintas. La primera contra los seis presuntos miembros activos del Tren de Aragua y la segunda contra los otros 21 presuntos exmiembros de la banda que ahora están vinculados a la banda enemiga conocida como “Anti-Tren”.

La pandilla, de origen venezolano, fue catalogada por la Administración Trump como organización terrorista junto a los carteles mexicanos y el MS-13. El Tren de Aragua tiene la particularidad de que opera en diversos países y que su expansión es sumamente rápida debido a la capacidad de adaptación y su versatilidad para generar alianzas con otros grupos criminales. Ahora mismo, hay reportes de que el Tren de Aragua opera en más de una docena de países en la región, incluyendo EEUU, Perú, Colombia, Brasil, Chile, México, Ecuador, Venezuela, entre otros.

La fiscal general, Pam Bondi, habló sobre los cargos presentados bajo la ley RICO y señaló: “Las acusaciones y arrestos de hoy abarcan tres estados y devastarán la infraestructura del Tren de Aragua, mientras trabajamos para desmantelar y eliminar completamente esta organización del país”.

“El Tren de Aragua no es solo una pandilla callejera”, añadió Bondi. “Es una organización terrorista altamente estructurada que ha destruido familias estadounidenses con violencia brutal, se ha dedicado a la trata de personas y ha inundado nuestras comunidades con drogas mortales”.

La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York también informó que 21 de los 27 acusados están actualmente bajo custodia federal. Cinco de ellos fueron arrestados en los últimos días mientras que los otros 16 ya estaban arrestados.

La mayoría de los acusados enfrentan potenciales castigos de cadenas perpetuas si son encontrados culpables.

Uno de los cargos más graves es el contrabando de “multadas”, que son trabajadoras sexuales que fueron captadas bajo coacción para luego someterlas en situación de servidumbre desde Venezuela hacia Perú y Estados Unidos.

Según el comunicado, tanto el Tren de Aragua como el Anti-Tren mantuvieron a las víctimas, en su mayoría venezolanas, atrapadas en una vida de esclavitud sexual mediante amenazas de muerte contra ellas y sus familiares.