Grupos judíos piden a la Corte Suprema estadounidense que permita a las víctimas y familiares del terrorismo demandar a la OLP y a la Autoridad Palestina

El Comité Judío Americano (AJC) fue uno de los 14 grupos judíos que presentaron el martes un escrito pidiendo al Tribunal Supremo de Estados Unidos que permita a las víctimas estadounidenses del terrorismo palestino y a sus familiares demandar por daños y perjuicios en los tribunales estadounidenses.

"La ciudadanía estadounidense tiene muchos beneficios. Uno de ellos es la obligación del Gobierno de proteger a sus ciudadanos cuando se encuentran en el extranjero", declaró Marc Stern, director jurídico del AJC.

La Liga Antidifamación, la Organización Sionista de América, la Unión Ortodoxa y Agudath Israel of America se encontraban entre los peticionarios, al igual que grupos pro-Israel y de derechos civiles.

Los grupos presentaron el escrito en el caso Fuld contra la Organización para la Liberación de Palestina.

Los grupos afirman que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP) "han sido líderes en la planificación, financiación y recompensa del terrorismo contra judíos", incluso "a través de un denominado fondo de mártires, que se ha dado a conocer como un programa de 'pago por asesinato'".

Un terrorista palestino apuñaló y mató a Ari Fuld, un estadounidense israelí de 45 años, en el cruce de Gush Etzion en la Ribera Occidental en 2018. Su familia es la peticionaria nombrada en este caso.

"Cada año, una parte sustancial del presupuesto general de la AP. -aproximadamente el 8%- se destina a los terroristas en lugar de ayudar a los civiles o fomentar la paz", según el escrito.

"Según informes de 2017, la Fundación de la AP 'tiene un presupuesto anual de 173 millones de dólares y opera dentro del Ministerio de Asuntos Sociales de la Autoridad Palestina'", añade. "En 2017, un informe encontró que 13,000 hombres y mujeres son beneficiarios de los pagos a prisioneros, por un total de alrededor de 160 millones de dólares, y aproximadamente 33,700 familias compartieron alrededor de 183 millones de dólares de pagos a 'mártires'."

"A pesar de los recientes problemas económicos, la Autoridad Palestina y la OLP han seguido canalizando dinero a través de su sistema de financiación del terrorismo, gastando aproximadamente 350 millones de dólares al año en "mártires", mientras que destinan algo más de 200 millones de dólares a programas de bienestar para el resto de la sociedad palestina", añadió.

El Congreso aprobó la Ley de Promoción de la Seguridad y la Justicia para las Víctimas del Terrorismo en 2019, que permite a las víctimas de ataques terroristas en el extranjero demandar por daños y perjuicios si existen programas de "pago por asesinato" o si los grupos terroristas tienen oficiales estadounidenses o promueven su causa en campus universitarios. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito dictaminó en 2024 que la ley era inconstitucional, ya que la OLP y la AP están fuera de la jurisdicción estadounidense.

Stern, del AJC, declaró que el tribunal interpretó la ley de forma demasiado restrictiva. "Nuestro escrito sostiene que no hay nada en la Constitución que prohíba al Congreso permitir que las víctimas estadounidenses del terrorismo en el extranjero demanden a sus agresores ante los tribunales de Estados Unidos", dijo.

El Tribunal Supremo aceptó en diciembre conocer del caso, que combinó con una demanda federal contra la OLP. Se espera una decisión para julio, según el AJC.