La Junta de Supervisores del condado de San Diego decide dejar de colaborar con el ICE
La normativa impide colaborar con los agentes federales o con la patrulla fronteriza, ni darles datos sobre la situación legal de un individuo, incluso si este es un criminal convicto.
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El condado de San Diego ha aprobado una normativa para dejar de colaborar con el ICE y entorpecer el trabajo de la Administración federal en materia de inmigración ilegal. El órgano de gobierno del condado californiano decide así reforzar su política de 'santuario' y prohibir el uso de sus recursos y financiación para apoyar a los agentes federales de inmigración
La decisión de la Junta de Supervisores se da después en previsión al segundo mandato presidencial de Donald Trump, quien prevé endurecer las medidas contra la inmigración ilegal en el país, lo que incluye posiblemente deportaciones masivas para poner fin al efecto llamada de una política laxista.
La Junta de Supervisores, presidida por la demócrata Nora Vargas, fue quien presentó esta normativa, que se votó en la ausencia del supervisor Jim Desmond, uno de los dos supervisores republicanos. El condado de San Diego es el quinto más poblado del país.
La normativa veta a las autoridades del condado a colaborar de cualquier forma con los agentes federales del ICE o con la patrulla fronteriza. La normativa llega incluso a estipular que los trabajadores de las instituciones del condado no podrán comunicarse con los trabajadores del ICE para, por ejemplo, dar datos sobre la situación legal de un individuo, incluso si este es un criminal convicto.
La política también prohíbe "dar acceso a los agentes del ICE a personas o permitirles utilizar las instalaciones del condado para entrevistas de investigación u otros fines, dedicar tiempo o recursos del condado a responder a las preguntas del ICE o comunicarse con el ICE en relación con el estado de encarcelamiento de las personas o las fechas de puesta en libertad, o participar de otro modo en cualquier actividad civil de aplicación de las leyes de inmigración".
La ley estatal de California ya limita en cierta forma la colaboración entre las autoridades locales y el ICE pero las permite cuando los sujetos de interés son criminales convictos.
Para la demócrata Nora Vargas, todas estas medidas son necesarias ya que la legislación californiana no es suficiente para convertir el estado en un 'santuario' para los inmigrantes ilegales. "El condado de San Diego siempre ha sido un lugar donde las comunidades se valoran, no se dividen, y como supervisora del Condado, me comprometo a liderar un gobierno local que promueva la unidad, la equidad y la justicia para todos, al tiempo que respeta la ley", declaró Nora Vargas.
El sheriff del condado desafía a la supervisora Vargas
La sheriff del condado de San Diego, Kelly Martínez, ofreció unas aclaraciones recogidas por ABC7 en las que aseguró que su oficina no cumplirá con la norma de la Junta de Supervisores. Martínez dijo que la junta no establece políticas para el sheriff, quien, al igual que los supervisores, es un funcionario electo.
Martínez decidió se alineó con la ley estatal de California, que considera suficiente para. Martínez, elegida por los votantes en 2022 y que es más cercana a la agenda demócrata que a la republicana.
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