La Administración Biden-Harris y el derroche climático: otorga miles de millones de dólares a organizaciones novatas

La Administración Biden-Harris otorgó millones de dólares a organizaciones climáticas que tenían solo meses creadas o de haber obtenido el estatus de organización sin fines de lucro. De varias de ellas hay poca o ninguna información pública. Así lo reveló una investigación realizada por Real Clear Investigations.

Es el caso de Justice Climate Fund que ochos meses después de obtener el estatus de organización sin fines de lucro en agosto de 2023 recibió 940 millones de dólares de la administración Biden. La subvención forma parte del Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero que cuenta con 27.000 millones de dólares de la Casa Blanca. El fondo tiene como objetivo brindar asistencia financiera para reducir las emisiones de carbono y reducir la contaminación.

Pero Justice Climate Fund no es la única organización que se hizo rica al poco tiempo de ser calificada como organización sin fines de lucro. Un mes después de obtener el estatus, Power Forward Communities, que informó ingresos en 2023 de 100 dólares, recibió 2.000 millones de dólares.

De acuerdo con Real Clear Investigations, las subvenciones fueron otorgadas por la Agencia de Protección Ambiental, que es nueva en el mundo de las subvenciones importantes. En ese sentido, la agencia reconoció que no había entregado cantidades de dinero tan altas en el pasado. De hecho, su inspector general le dijo al Congreso el mes pasado que la situación se trataba de un metodología “fantásticamente compleja” e “inusual” y que su equipo tendría dificultades para llevar adelante.

Además, varias personas cuestionan que muchas de las organizaciones tienen en sus directivas a personas que tienen vínculos políticos. Climate United Fund fue el ganador individual en las subvenciones, que se anunciaron en abril. Está programado para recibir más de $6.000 millones. Y de acuerdo con la investigación, los directores del fondo incluyen demócratas prominentes, como Phil Angelides, ex tesorero del estado de California. 

"Después de que se publicó este artículo, Climate United le dijo a Real Clear Investigations que Anthony Foxx, quien se desempeñó como Secretario de Transporte en la administración Obama, fue 'incluido como miembro de la junta para nuestra solicitud [de subvención] pero no se comprometió a desempeñarse después de la adjudicación'", explicó Real Clear Investigations.

Los 27.000 millones de dólares asignados al Fondo de Efecto Invernadero son una parte del dinero que la Administración Biden-Harris incluyó en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) para su agenda radical verde: 

"Biden reconoció el verdadero propósito del proyecto de ley este verano cuando calificó al IRA como un proyecto de ley climático, alineando así la posición de la administración con lo que grupos ambientalistas de izquierda como el World Resource Institute aclamaron desde el principio como 'la mayor pieza de legislación climática en la historia de Estados Unidos'", indicó Real Clear Investigations.

El desembolso genera preocupaciones por los esfuerzos de la Administración demócrata de gastar decenas de miles de millones de dólares en sus últimos meses. Es una tormenta de dinero de los contribuyentes que, según denuncian varios expertos, se maneja bajo un formato poco comprendido, no probado y difícil de auditar.

“Estos grupos son grupos de fachada política que simplemente se crearon para canalizar miles de millones de dólares de los contribuyentes a las campañas demócratas con el pretexto de hacer algo bueno”, dijo Mandy Gunasekara, quien se desempeñó como jefa de gabinete de la EPA en la Administración Trump.

Entre tanto, la Agencia de Protección Ambiental aseguró que el Fondo de Efecto Invernadero es “una oportunidad sin precedentes para acelerar la adopción de tecnologías que reduzcan los gases de efecto invernadero”. La agencia no tiene dudas de que al invertir en hacer que las viviendas y los vecindarios residenciales sean más ecológicos, el dinero rendirá dividendos en facturas de servicios públicos más bajas y más empleo.

Además, la agencia considera que esta bonanza es capital inicial. Espera que los fondos que las organizaciones sin fines de lucro destinan a reducir la huella de carbono del país atraiga siete veces su valor en inversiones privadas. 

Según explicó Real Clear Investigations, los criterios del Fondo estipulan que al menos el 40% de los miles de millones debe destinarse a comunidades de bajos ingresos o desfavorecidas y a tierras tribales. En algunos casos, los beneficiarios -supuestamente- han acordado invertir hasta el 70% de los fondos en esas mismas regiones.

En ese sentido, el dinero del Fondo de Efecto Invernadero se han distribuido en tres programas. El más significativo es el Fondo Nacional de Inversión Limpia (NCIF), que asignará $14.000 millones a tres grupos. Le sigue el programa Solar For All, con $7.000 millones, y finalmente, $6.000 millones se repartirán entre cinco grupos bajo el Acelerador de Inversión en Comunidades Limpias (CCIA).

Los críticos insisten en que parte del problema en la asignación de fondos son los vínculos políticos de quienes encabezan estas organizaciones. Por ejemplo, la junta directiva de la Coalición para el Capital Verde, que recibió la segunda subvención más grande del NCIF, de $5.000 millones, incluye a Hugh Frater, quien dirigió Fannie Mae -la corporación Federal de Financiamiento de la Vivienda- al final de la Administración Obama. 

Otro caso es el de Cecilia Martínez, otra integrante de la junta de Coalición para el Capital Verde, fue la principal funcionaria de justicia ambiental en la Casa Blanca de Biden antes de trasladarse al sector de defensa y organizaciones sin fines de lucro. Mientras que Stephen Brown, director de la red de la Coalición, inició su carrera en Washington durante la Administración de Clinton. 

Jessie Buendia, directora de impacto de la organización, tuvo un papel en el Gobierno del estado de California. También destaca Daniela Nyiri, quien trabajó en campañas para la demócrata de Michigan Haley Stevens antes de unirse al Proyecto de Participación Progresista.

Power Forward Communities también llama la atención y es que está dirigido por Timothy J. Mayopoulos, quien dirigió Fannie Mae de Obama de 2012 a 2018. Otro de sus directores es Shaun Donovan, quien sirvió en la Administración Obama durante sus ocho años, incluido un período como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Por otra parte, algunos de los subvencionados de la CCIA fueron para organizaciones más establecidas, como Inclusiv Inc., una empresa que existe desde 1977 y que recibirá 1.870 millones de dólares, y Opportunity Finance Network , que en 2022 tuvo ingresos de 76 millones de dólares, según los registros fiscales a los que tuvo acceso Real Clear Investigations.

Por su parte, los legisladores republicanos son contundentes con la agenda verde de Biden y sostienen que su obsesión con el tema climático le está costando millones de dólares a los estadounidenses que cada vez se ven más afectados por la inflación durante el Gobierno demócrata. 

“Las políticas radicales de energía verde de la Administración Biden-Harris han alimentado una inflación fuera de control, que ha hecho subir los precios en más de un 20%  y ha destruido la estabilidad económica que las familias estadounidenses merecen”, dijo la representante Cathy McMorris Rodgers, quien preside el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

“Mientras las familias estadounidenses están cada vez más preocupadas por los costos inasequibles, la administración Biden-Harris está trabajando incansablemente para expandir su agenda energética radical”, agregó la republicana.