TikTok lanzó una ofensiva legal contra la Administración Biden en respuesta a una nueva ley que obliga a ByteDance, la empresa matriz china de la aplicación, a vender sus operaciones en Estados Unidos antes del 19 de enero o enfrentar una prohibición nacional. En un escrito judicial presentado este jueves, los abogados de TikTok argumentaron que esta ley es inconstitucional y un resultado de la "demagogia política", por lo que debe ser revocada.

TikTok y un grupo de ocho creadores de contenido afirman que la ley viola el derecho a la libre expresión de los estadounidenses protegido por la Primera Enmienda. "Nunca antes el Congreso había silenciado tanto discurso en un solo acto", señala el documento, advirtiendo que la normativa establece un peligroso precedente que permite a las autoridades políticas atacar una plataforma de discurso desfavorecida y forzar su venta o cierre.

En su escrito, la red social argumentó que la ley bipartidista aislaría a los usuarios estadounidenses de los videos creados fuera del país, creando una “experiencia separada del resto del Internet global”, similar a las leyes de Internet represivas de China.

La empresa también reveló por primera vez documentos internos de años de negociaciones fallidas con el Gobierno federal, sugiriendo que la Administración no actuó de buena fe. Entre estos documentos se incluye un borrador de acuerdo de seguridad nacional de aproximadamente 100 páginas, propuesto en agosto de 2022, que ofrecía al Gobierno un control significativo sobre la operación de TikTok en Estados Unidos, incluida la capacidad de apagar la aplicación a nivel nacional. Sin embargo, la Administración Biden presuntamente rechazó esta oferta, considerándola insuficiente para neutralizar sus preocupaciones, sin detallar los motivos.

TikTok destacó que una venta sería técnicamente imposible en el plazo de un año fijado por el Gobierno, lo que garantizaría una prohibición. La empresa argumentó que la aplicación, construida sobre 2 mil millones de líneas de códigos por más de 4000 ingenieros, no podría ser replicada fácilmente por un nuevo comprador. Además, el régimen chino probablemente bloquearía cualquier venta, habiendo añadido algoritmos de recomendación a su lista de control de exportaciones.

En su declaración, el jefe de operaciones de TikTok, Adam Presser, enfatizó el valor de la conexión global que proporciona la plataforma. Señaló que los usuarios estadounidenses publicaron más de 5 mil millones de videos el año pasado, recibiendo la mitad de sus 13 billones de visitas de espectadores extranjeros.

Este enfrentamiento judicial es una de las pocas oportunidades de TikTok para defenderse ante los tribunales, ya que la ley establece que el tribunal de apelaciones sea la “jurisdicción exclusiva” para cualquier impugnación. TikTok presentó cientos de páginas de documentos de respaldo, incluidas declaraciones de expertos que defendieron la empresa.

Christopher Simkins, exnegociador del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), y Randal Milch, profesor de derecho de la Universidad de Nueva York, argumentaron que la ley es una prohibición disfrazada y que la opción de venta forzosa es ilusoria. Steven Weber, profesor de la Universidad de California en Berkeley, señaló que las preocupaciones sobre la propaganda y la seguridad de los datos son problemas de toda la industria tecnológica, no exclusivos de TikTok.

Próximos pasos en el litigio

Los argumentos orales en esta pelea de alto perfil comenzarán el 16 de septiembre, apenas cuatro meses antes de la fecha límite de desinversión del 19 de enero, con la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema.

Argumentos de la Administración Biden

Por su parte, la Administración ha argumentado que la ley es fundamental para proteger la seguridad nacional, citando temores de que el régimen chino pueda usar TikTok para difundir propaganda o espiar a los estadounidenses.

Mantener la ley podría diezmar una plataforma central de noticias y entretenimiento utilizada por 170 millones de personas en el país, mientras que revocarla socavaría una de las pocas leyes tecnológicas sustanciales aprobadas por el Congreso en décadas.