La Justicia liquida una de las grandes redes de explotación sexual internacionales
Sumalee Intarathong se declaró culpable por participar en esta organización. Tras su sentencia, finalizará un proceso judicial que duró varios años.
La Justicia está a punto de cerrar uno de los grandes casos de explotación sexual de Estados Unidos. Una mujer tailandesa se declaró culpable de haber participado en una gran red de tráfico sexual en Estados Unidos en una corte federal de Saint Paul (Minnesota). Sumalee Intarathong, también conocida como Alice Spencer Warren, actuó como "jefa" dentro de la organización.
Las fuerzas de seguridad internacionales detuvieron a Intarathong en Bélgica hace seis años y fue extraditada a Estados Unidos en 2021. Está acusada de un cargo de conspiración para cometer tráfico sexual y otro de conspiración para participar en el blanqueo de dinero aunque, de momento, no hay fecha para su sentencia. Se enfrenta a una condena de cadena perpetua y una multa de 750.000 dólares, además de una posible compensación económica a todas sus víctimas.
El fiscal de los Estados Unidos para el distrito de Minnesota, Andrew M. Luger, anunció que, con la declaración de Intarathong, finaliza un proceso que duró varios años:
Jamie Holt, agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), celebró que la culpable vaya a ser sentenciada por los tribunales:
Así actuaban la acusada y la organización
Las investigaciones judiciales señalan que la red de tráfico sexual enviaba mujeres desde Bangkok (Tailandia) a diversas ciudades de Estados Unidos para que ejerciesen la prostitución. Antes de volar a Norteamérica, cada una de las víctimas tenían una "deuda de servidumbre" de entre 40.000 y 60.000 dólares que debían liquidar. Como "jefe" de la organización, Intarathong se dedicaba a organizar los viajes y a distribuir a las chicas en prostíbulos estadounidenses.
Con esta red, Intarathong y el resto de acusados cometían fraudes de visados para facilitar el transporte de las víctimas. Así la red lograba obtener información personal de cada una de las mujeres, con las que poder extorsionarlas si no cumplían o huían.
Además, los documentos judiciales reflejan el blanqueo de grandes cantidades de dinero en efectivo para ocultar los beneficios que obtenían.