Histórico: la gobernadora de Puerto Rico firma una petición oficial dirigida a Trump para que la isla sea admitida como el estado 51 de EEUU

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, firmó este viernes la Resolución Conjunta 66-2026, una medida que convierte en ley el reclamo formal de la isla para ser admitida como estado de la Unión.

Según el Gobierno puertorriqueño, es la primera vez en la historia que el Ejecutivo de la isla plantea esa petición de manera oficial a las autoridades estadounidenses.

La firma se realizó en un acto en San Juan, acompañada por legisladores, miembros de su Gabinete y representantes de la sociedad civil. El documento lleva también las firmas de los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. En sus redes sociales, González presentó la medida como la respuesta a un pedido popular.

“Destacamos un reclamo que nace de la voluntad de nuestro pueblo: alcanzar la igualdad plena mediante la estadidad”, escribió González.

La resolución ordena enviar copias de la petición al presidente Donald Trump, a los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes en Washington y a cada uno de los miembros del Congreso. Al mandatario le pide expresamente que apoye la admisión de Puerto Rico y que trabaje con los legisladores federales para concretarla.

Dentro de la isla, la medida establece la estadidad como política pública del Gobierno y lo autoriza a usar sus recursos para difundir el reclamo y defenderlo en cualquier foro disponible, siempre que no se desatiendan otras necesidades de la población. El texto se adoptó en inglés y en español, los dos idiomas oficiales de Puerto Rico, aunque en caso de conflicto prevalecerá la versión en inglés.

El Gobierno enmarcó la decisión en el Semiquincentenario de Estados Unidos, los 250 años de la Declaración de Independencia, y lo presentó como la ocasión para que el país fortalezca la Unión con la incorporación de la isla.

“Corresponde ahora al Congreso atender esa voluntad y ejercer su autoridad constitucional para admitir a Puerto Rico como Estado de la Unión”, sostuvo González.

Más allá de su peso simbólico, la resolución no cambia por sí sola la situación de la isla. La Constitución de Estados Unidos deja en manos del Congreso la facultad de admitir nuevos estados, de modo que la iniciativa de San Juan no obliga a Washington a tomar ninguna decisión.

Si se concretara, la estadidad cambiaría de raíz la relación de los puertorriqueños con el Gobierno federal. Aunque son ciudadanos estadounidenses desde 1917, quienes viven en la isla no pueden votar por el presidente ni cuentan con legisladores con voto en el Congreso. En lo fiscal, la mayoría no paga el impuesto federal sobre la renta, pero sí contribuye a la Seguridad Social y a Medicare, y la isla recibe menos fondos federales que cualquier estado. Ese esquema rige, con distintos ajustes, desde que Estados Unidos tomó el control del territorio tras su guerra con España, en 1898.

El debate sobre el estatus, de todos modos, sigue lejos de cerrarse. La estadidad ha salido ganadora en las consultas no vinculantes más recientes, pero en la política puertorriqueña conviven sectores que prefieren conservar el modelo actual y otros que impulsan la independencia.