Demócratas del Congreso presionan por el acuerdo petrolero con Venezuela y preguntan qué pasó con la transición democrática prometida por Trump

Dos de los demócratas de mayor rango en la Cámara de Representantes enviaron una misiva dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, exigiendo documentación completa sobre el acuerdo petrolero que le dio al Gobierno de Estados Unidos una participación en North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa dirigida por el controvertido empresario venezolano Alejandro Betancourt que ahora opera 17 campos petroleros en Venezuela bajo una concesión a 100 años.

La carta lleva la firma de Gregory W. Meeks, representante por Nueva York y miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara; y de Robert García, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental. Meeks presidió ese mismo comité entre 2021 y 2023, antes de que los republicanos recuperaran la mayoría en la Cámara. Las midterms son el próximo 3 de noviembre, así que los demócratas podrían, en caso de recuperar el control del Congreso, volver a liderar las comisiones para los últimos años de mandato del presidente Donald Trump.

Los legisladores, en un tono agresivo, describieron el movimiento de la Casa Blanca de adquirir una participación en NABEP como "una notable imitación del manual económico del régimen de Maduro". El reclamo central es que Washington terminó asociándose con el empresario Betancourt, quien enfrenta investigaciones por lavado de dinero en Estados Unidos, España y Suiza y tiene un largo historial de beneficios con el régimen chavista, logrando amasar una gran fortuna gracias a múltiples contratos multimillonarios con el Estado venezolano en la época del difunto dictador Hugo Chávez.

Según la propia carta, altos funcionarios estadounidenses habrían intervenido en la investigación penal suiza contra Betancourt mientras la Administración Trump cerraba este acuerdo petrolero con él. Según reportó el Washington Post, representantes del gobierno federal, entre ellos la entonces fiscal general Pam Bondi, presionaron a las autoridades suizas para que el expediente contra el empresario se cerrara sin condenas penales ni cárcel.

Meeks y Garcia también apuntaron contra una reunión a puerta cerrada que funcionarios de la Administración Trump sostuvieron el 14 de septiembre con miembros del Comité de Asuntos Exteriores, donde, según la carta, no se comprometieron a entregar el texto de los acuerdos ni respondieron preguntas clave, entre ellas: qué recibió exactamente NABEP a cambio de una participación que podría valer miles de millones de dólares, y cómo evitará Washington que esos ingresos terminen en manos de Betancourt o de funcionarios chavistas corruptos.

El documento incluye un listado de 17 preguntas dirigidas a Rubio y Hegseth. Algunas apuntan directamente a la estructura financiera del negocio: quién era dueño de las acciones de NABEP antes de que se firmara el acuerdo, o qué exposición financiera podrían terminar asumiendo los contribuyentes estadounidenses si la empresa no cumple con sus metas de producción. Otras tocan un terreno más sensible, sobre las fuerzas armadas y las garantías sobre el terreno: "¿Se encargará a las fuerzas militares de Estados Unidos la protección de los activos de NABEP en Venezuela?", cuestionaron los legisladores.

Otro punto central de la carta es la transición democrática que Trump y altos funcionarios de la Casa Blanca prometieron para Venezuela. Los demócratas preguntaron directamente a Rubio y Hegseth "qué concesiones políticas o democráticas, de haberlas, obtuvo de las autoridades venezolanas a cambio de este acuerdo", mencionando puntualmente compromisos sobre fecha de elecciones, reformas al Consejo Nacional Electoral, la liberación de presos políticos —aún hay más de 300 presos políticos en el país— y los derechos humanos. También quieren saber cómo planea Washington garantizar que las ganancias petroleras "beneficien al pueblo venezolano", en lugar de enriquecer "a inversores privados, empresarios con conexiones políticas o funcionarios venezolanos no electos".

Ese reclamo llega en medio de un malestar social que no ha dejado de crecer dentro de Venezuela. El país sigue sin una fecha fijada para las elecciones que el propio régimen interino de Delcy Rodríguez prometió ante la Asamblea General de la ONU hace apenas unos días. A eso se suman los cortes de electricidad diarios que afectan a buena parte del territorio, el aún malestar presente por la lenta respuesta oficial tras los terremotos que sacudieron al país, y el incumplimiento de las promesas de liberación de todos los presos políticos. Esa combinación ya sacó a miles de venezolanos a las calles en protestas que, según pudo conocer VOZ a través de testimonios directos, llevan ya más de una semana en distintas regiones del país.

Meeks y Garcia cerraron la carta reclamando, además, respuestas pendientes a cartas de supervisión anteriores, entre ellas una que el propio Meeks había enviado en febrero sobre la administración estadounidense de las reservas petroleras venezolanas, a la que el Departamento de Estado respondió, según los legisladores, de forma insuficiente.

Los firmantes dieron a ambos secretarios plazo hasta el 14 de octubre para entregar la documentación solicitada y responder al cuestionario completo.