El DOJ demandó a Kentucky por subsidiar la matrícula universitaria estatal de inmigrantes indocumentados

El Departamento de Justicia (DOJ) demandó a Kentucky por ofrecer un subsidio en la matrícula universitaria estatal para inmigrantes indocumentados. De acuerdo con el comunicado publicado por la agencia, esta práctica “discrimina inconstitucionalmente a los ciudadanos estadounidenses". 

Con el nombre de Estados Unidos v. Andrew Beshear, el caso ya fue presentado en el Tribunal Federal del Distrito Este con sede en Lexington.

“No se puede permitir que ningún estado trate a los estadounidenses como ciudadanos de segunda clase en su propio país ofreciendo beneficios económicos a los extranjeros ilegales”, expresó al respecto Pam Bondi.

“El Departamento de Justicia acaba de ganar en este tema exacto en Texas, y esperamos luchar en Kentucky para proteger los derechos de los ciudadanos estadounidenses”, sumó.

La demanda busca prohibir la aplicación de la normativa de Kentucky, apoyándose en las leyes federales. En concreto, se refieren a la Sección 505 de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes (IIRIRA) de 1996.

“No obstante cualquier otra disposición de la ley, un extranjero que no se encuentre legalmente en los Estados Unidos no tendrá derecho, sobre la base de su residencia en un Estado (o una subdivisión política), a ninguna prestación de educación postsecundaria, a menos que un ciudadano o nacional de los Estados Unidos tenga derecho a dicha prestación (en una cuantía, duración y alcance no inferiores) sin tener en cuenta si el ciudadano o nacional es o no residente”, se lee el estatuto.

En otras palabras, un estado no puede subsidiar matrículas a inmigrantes indocumentados solo por el hecho de residir allí, si no da ese mismo beneficio a estudiantes fuera del estado. En este caso, el estado que gobierna Andy Beshear estaría ofreciendo más beneficios a inmigrantes indocumentados que a los ciudadanos estadounidenses.

“Esta demanda surge tras dos órdenes ejecutivas firmadas recientemente por el presidente Trump que buscan garantizar que los inmigrantes ilegales no obtengan beneficios para los contribuyentes ni un tratamiento preferencial”, añadieron desde el DOJ.

La respuesta de Kentucky

Crystal Staley, portavoz del gobernador demócrata, le dijo a Fox News Digital lo siguiente: "No hemos recibido ninguna notificación sobre esta demanda, no hemos tenido ningún aviso previo ni hemos tenido ninguna conversación previa con el Departamento de Justicia al respecto".

"El gobernador no tiene autoridad para alterar las regulaciones de CPE y no debería ser parte en la demanda", sumó, haciendo referencia al Consejo de Educación Superior del estado.