Harvard rechaza las exigencias de Trump y su Administración responde con la congelación de $2.260 millones en subvenciones y contratos
La institución sostiene que las demandas del Gobierno violan la Primera Enmienda y omiten el debido proceso previsto en el Título VI.

Harvard
La Administración Trump anunció la congelación $2.260 millones en subvenciones y contratos a la Universidad de Harvard luego de que la institución rechazara públicamente las demandas del Gobierno federal, que exigen reformas internas para combatir el antisemitismo en el campus. En una carta dirigida a la comunidad académica, el presidente interino Alan Garber afirmó que la universidad no cederá ante presiones que, a su juicio, buscan sobrepasar los límites legales del Gobierno.
"La Universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales", declaró Garber.
El conflicto marca el inicio de una disputa abierta entre la universidad más rica del país y el Gobierno federal, que primero había amenazado con retener casi $9.000 millones en subvenciones y contratos destinados a Harvard y sus hospitales afiliados.
Tras el rechazo público a las exigencias del Gobierno, la Administración Trump afirmó que la respuesta de la universidad “refuerza la preocupante mentalidad de privilegio, endémica en las universidades y colegios más prestigiosos de nuestro país: que la inversión federal no conlleva la responsabilidad de defender las leyes de derechos civiles”.
Demandas del Gobierno: cambios en políticas y gobernanza interna
La postura de la Universidad de Harvard constituye, hasta la fecha, el rechazo más contundente a las exigencias del Gobierno de Trump desde que comenzó a presionar a las universidades a principios de este año.
A comienzos de abril, el grupo de trabajo de la Administración Trump sobre el antisemitismo envió una carta a la institución exigiendo nueve medidas consideradas necesarias para mantener la relación financiera entre Harvard y el Gobierno federal.
La mayoría de las demandas apunta a aspectos operativos de la universidad e incluye una prohibición general del uso de mascarillas, modificaciones en la gobernanza, el liderazgo y el sistema de admisiones, así como la eliminación de los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).

JNS
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Harvard responde
En su respuesta enviada este lunes, los abogados de Harvard destacaron que en los últimos 15 meses la universidad ha tomado medidas disciplinarias contra quienes han incumplido las normas institucionales y ha promovido un ambiente con mayor diversidad de pensamiento.
Sin embargo, la institución considera que las exigencias federales vulneran la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, y acusan al Gobierno de omitir el debido proceso al imponer cambios sin seguir los procedimientos establecidos por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles.
El conflicto se traslada a los tribunales
El viernes pasado, la sección de Harvard de la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP) presentó una demanda contra la Administración Trump en un tribunal federal. Acusan al Gobierno de utilizar las leyes de derechos civiles como herramienta para imponer una agenda política en el ámbito académico y restringir la libertad ideológica. Una demanda similar fue presentada por profesores de la Universidad de Columbia.
Harvard no es la única institución en la mira del Gobierno. Brown, Princeton, Northwestern y Cornell también enfrentan revisiones o congelamientos de fondos federales como parte del esfuerzo por reformar el entorno universitario en respuesta a denuncias de antisemitismo.

JNS
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