Un juez federal rechaza la solicitud de contratistas de USAID para bloquear despidos masivos

Un juez federal de distrito, Carl Nichols, denegó el jueves una solicitud de la Asociación de Contratistas de Servicios Personales, un grupo que representa a contratistas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para emitir una orden de restricción temporal que bloqueara la rescisión masiva de sus contratos por parte de la Administración Trump. Esta decisión permite que avance un componente clave del esfuerzo del gobierno para desmantelar la agencia, a pesar de las advertencias de los contratistas sobre el daño irreparable que enfrentan.

La asociación había presentado una demanda el mes pasado contra la Administración Trump, tras una orden del secretario de Estado que suspendió trabajos relacionados con asistencia y contratos extranjeros. 

Según la denuncia, los contratistas (de los cuales hay aproximadamente 1.110, con un 46% trabajando en el extranjero) recibieron avisos de terminación y alegaron que esta suspensión cortó “comunicaciones esenciales y el acceso a la red, poniendo en peligro su seguridad personal” y servicios básicos como agua y electricidad en sus hogares en el extranjero, además de interrumpir la supervisión de ayuda humanitaria “que a menudo salva vidas”. “El impacto en todo el mundo de la congelación de la financiación de la ayuda exterior ha sido y sigue siendo calamitoso”, afirmaron.

Durante una audiencia el miércoles, Carolyn Shapiro, abogada de los demandantes, advirtió que “la destrucción de USAID es ahora inminente” y que negarse a otorgar el alivio solicitado podría resultar en un escenario tipo “Humpty Dumpty”, donde la agencia, una vez desmantelada, no podría reconstruirse. Shapiro argumentó que los contratistas enfrentan un daño irreparable debido a la “toma de decisiones estructuralmente inconstitucional” del gobierno, más allá de los perjuicios individuales.

Sin embargo, el juez Nichols determinó que los contratistas no demostraron un daño irreparable ni una probabilidad de éxito en los méritos para justificar la orden de restricción. 

En su fallo, señaló que cualquier daño sufrido es “directamente atribuible” a los cambios en los contratos realizados por el gobierno, sugiriendo que el alivio debería buscarse por otras vías, como demandas por daños monetarios. Además, calificó los perjuicios como “agravios generalizados” que no alcanzan el umbral necesario para una medida cautelar.

El abogado del Departamento de Justicia, Michael Clendenen, defendió la postura del gobierno, comparando la situación de los contratistas con un caso previo de sindicatos de empleados de USAID. En ese caso, Nichols inicialmente otorgó una orden de restricción temporal, pero luego la disolvió al considerar “exageradas” las afirmaciones de daño de los sindicatos. Clendenen destacó que los contratistas cuentan con un aviso de 15 días antes de la terminación, lo que actuaría como amortiguador, y que cualquier pérdida económica podría compensarse a través de otros canales legales.

El magistrado Nichols reconoció una diferencia entre ambos casos: mientras los empleados sindicalizados fueron puestos en licencia paga, los contratistas enfrentan despidos totales. Aun así, mantuvo su decisión de no intervenir de inmediato, permitiendo que continúe el proceso de reducción de USAID impulsado por la Administración Trump.