JD Vance solicitó investigar penalmente al juez Juan Merchán, quien está al frente del caso de Donald Trump y el pago a Stormy Daniels en Manhattan. El senador republicano le escribió una carta a Merrick Garland, fiscal general de la Administración Biden, alegando que la conducta del magistrado durante el juicio "podría equivaler a una privación criminal de derechos bajo los estatutos 18 USC §§ 241–42".

A horas de que hayan finalizado los argumentos orales del juicio de Trump en Manhattan, Vance envió la misiva contra el juez directamente al Departamento de Justicia (DOJ).

"El presidente Trump tiene derecho a un juicio justo por un jurado imparcial, Merchán ha hecho todo lo posible para privar a Trump de ambos"

La carta se basó principalmente en la restricción del discurso del expresidente sobre el juicio en curso y en la admisión y exclusión de pruebas, como así también en una "posible conspiración" en la que involucró a los fiscales de la oficina de Alvin Bragg.

"Merchán tampoco se ha contentado con privar al presidente Trump únicamente de sus derechos amparados por la Primera Enmienda. Como acusado penal, el presidente Trump tiene derecho a un juicio justo por un jurado imparcial. Merchán ha hecho todo lo posible para privar a Trump de ambos. (...) Cuando se trata de la admisión y exclusión de pruebas, Merchán ha sido igual de desvergonzado. Ha hecho todo lo posible para que la acusación introdujera las pruebas que quisiera, por ejemplo, permitiendo que un testigo de la acusación declarara largo y tendido sobre los supuestos detalles de un episodio sexual no probado, sin relevancia para los cargos subyacentes. Pero ha actuado con mano dura contra las pruebas de la defensa en cada oportunidad", escribió el senador en la carta.

"En cuanto a una posible conspiración en virtud del artículo 241, hay muchos posibles conspiradores a tener en cuenta. Por un lado, la hija de Merchán, Loren, parece ser una beneficiaria obvia de los fallos tendenciosos de Merchán. Ella trabaja como recaudadora de fondos para funcionarios y organizaciones demócratas, y ayudó a sus clientes a recaudar 93 millones de dólares de donantes durante el juicio de Trump en Nueva York, en parte invocando el caso y difamando al acusado en correos electrónicos de solicitud. (...) Los fiscales de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, desde Christopher Conroy a Matthew Colangelo, pasando por el propio Bragg, también han demostrado ser coconspiradores plausibles. Después de todo, han instado repetidamente a Merchán a privar al presidente Trump de sus derechos de la Primera Enmienda en presentaciones judiciales y defensa oral. Uno sólo puede preguntarse qué tipo de comunicaciones ex parte podrían haber llevado a Merchán a abrazar con tanto entusiasmo una restricción previa de la libertad de expresión que habría sabido que repugnaba a la Constitución", sumó Vance.

Los argumentos legales para el pedido de investigación contra Merchán

Los citados estatutos hacen alusión a la conspiración contra los derechos (241) y a la privación de derechos bajo apariencia de ley (242).

"El 18 U.S.C. § 241 tipifica como delito las conspiraciones para 'perjudicar, oprimir, amenazar o intimidar' a otras personas para que no disfruten de sus derechos protegidos por la ley federal, mientras que el 18 U.S.C. § 242 prohíbe a toda persona que actúe al amparo de la ley privar a las personas de sus derechos en virtud de la Constitución y la ley federal, incluidos los funcionarios que actúen 'dentro' y 'fuera' de los límites de su autoridad legal. Los precedentes del Tribunal Supremo de los EE.UU. declaran expresamente que la conducta impropia de los jueces está sujeta a enjuiciamiento en virtud de la ley", explicaron desde el equipo de Vance en un comunicado.