La Administración Biden apunta contra una ley impulsada por el Gobierno de Georgia: podría "desviar" al país de su "camino europeo"

La Administración Biden está preocupada por una nueva legislación impulsada por el Gobierno de Georgia, un pequeño país de Europa que limita con Rusia. Según Estados Unidos, la legislación atenta directamente contra la sociedad civil y la libertad de expresión, por lo que la describieron como de "inspiración rusa".

El pasado 3 de abril, el partido gobernante del parlamento de Georgia, Georgian Dream, anunció la reintroducción de la 'Ley Sobre la Transparencia de la Influencia Extranjera'. Aunque ya la habían impulsado durante el 2023, debieron retirarla por protestas nacionales e internacionales.

De acuerdo con el oficialismo georgiano, la ley pretende obligar a las ONG a transparentar sus fuentes de financiación, en concreto aquellas acusadas de apoyar "procesos revolucionarios" e "intentos artificiales de causar disturbios en el país". La diferencia con versión anterior radica en que esta persigue definir a los agentes extranjeros como una “organización que persigue los intereses de una potencia extranjera”.

Desde el 2008, Georgia tiene dos territorios ocupados por Rusia y el país entero es visto como una posible futura víctima de los aires expansionistas del país gobernado por Vladimir Putin.

"Corre el riesgo de apartar a Georgia de su camino europeo"

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, fue el encargado de transmitir la preocupación de los Estados Unidos para con la mencionada legislación.

"El proyecto de ley representa una amenaza para las organizaciones de la sociedad civil cuyo trabajo beneficia la vida de los ciudadanos de Georgia en áreas como la salud, la educación y el apoyo social", expresó el funcionario en un comunicado.

"Socava el compromiso de Georgia con la integración euroatlántica y corre el riesgo de apartar a Georgia de su camino europeo. Hemos dejado claras estas preocupaciones al gobierno georgiano", sumó.

La Unión Europea (UN) también se expresó sobre la reintroducción de la ley, alegando que "plantea serias preocupaciones" y que "la transparencia no debe usarse como un instrumento para limitar la capacidad de la sociedad civil para operar libremente".