Cualquiera que haya analizado las causas del fracaso de las naciones hispanoamericanas para prosperar en libertad se topa con, al menos, dos rasgos determinantes: la desmesurada intervención del Estado y la debilidad de las instituciones. Mientras que en otras naciones desarrolladas la estabilidad es mayor, en la mayoría de los países de Hispanoamérica los resultados electorales pueden dar al traste con todo tipo de proyectos e inversiones. Esto se debe a que los nuevos mandatarios, en ausencia de instituciones sólidas que limiten sus caprichos, se convierten en una especie de déspotas orientales que pueden hacer y deshacer a su antojo, muchas veces fulminando cualquier traza de seguridad jurídica. Como además las decisiones de los recién llegados pueden afectar a la práctica totalidad de los ámbitos, tenemos ese fenómeno tan recurrente de la parálisis generalizada incluso dos años antes de unas elecciones y una incertidumbre que ahuyenta las inversiones y los proyectos a largo plazo. De este modo, entre intromisiones, despotismo arbitrario, inestabilidad y erosión institucional, la prosperidad es cada vez más un sueño inalcanzable en gran parte de Hispanoamérica.

Las mismas claves explican en gran medida el éxito de los Estados Unidos, un lugar que no es perfecto pero donde el Estado aún no ha penetrado en todas las esferas y donde los célebres checks and balances limitan la arbitrariedad de los gobernantes. Una fórmula de éxito que los demócratas están empeñados en arruinar.

Empezando por el gran límite a los caprichos del Ejecutivo: el Tribunal Supremo. Un Supremo que ha molestado especialmente a los demócratas con su reciente sentencia sobre el aborto y al que ahora quieren controlar para evitar que siga existiendo este límite a su arbitrariedad. Es por ello que en pocos días el Partido Demócrata ha presentado dos proyectos de ley. El primero pretende aumentar los puestos en la Corte Suprema de 9 a 13, dándole a Biden la oportunidad de nombrar de una sola tacada a cuatro nuevos jueces de su gusto. La segunda prevé un sistema de nombramiento diferente y la limitación de los mandatos de los magistrados, eliminando así su independencia.

Insistiendo en la falacia de que “las libertades fundamentales están siendo atacadas” por los jueces "ultraconservadores" del Supremo, un grupo de ocho demócratas de la Cámara de Representantes presentó el pasado 18 de julio un proyecto de ley para aumentar en cuatro el número de jueces del Alto Tribunal. El congresista Hank Johnson, de Georgia, dio una lección de demagogia al declarar que el TS, tal y como está constituido actualmente, está “en crisis consigo mismo y con nuestra democracia” y que en él “las libertades fundamentales están siendo atacadas” por la mayoría conservadora, porque sus integrantes estarían tomando decisiones que usurparían "el poder del Legislativo y el Ejecutivo”.

Los demócratas pretenden controlar todos los poderes del Estado, manipulándolos a su antojo y destruyendo la independencia del Judicial.

Es poco probable que esta propuesta, que ya presentaron el año pasado y no salió adelante, prospere ahora, pues requiere mayoría cualificada, pero expresa muy bien la pretensión de los demócratas de controlar todos los poderes del Estado, manipulándolos a su antojo y destruyendo la independencia del Judicial.

La siguiente iniciativa demócrata viene precedida por una campaña mediática perfectamente organizada: mientras los norteamericanos experimentan en sus propias carnes la inflación fuera de control y la crisis económica, y la popularidad de Biden se desploma, el NORC Center for Public Affairs Research de Associated Press publicó el 25 de julio una encuesta que mostraba que aproximadamente dos de cada tres estadounidenses (el 82% de los cuales se declararon votantes demócratas y el 57%, republicanos) estarían a favor de la limitación de mandatos o de una edad de jubilación obligatoria para los jueces del Supremo.

Un día después se dio el siguiente paso en esta campaña, cuando un grupo de congresistas demócratas, liderado también por Hank Johnson, presentó un proyecto de ley (Supreme Court Tenure Establishment and Retirement Modernization Act) para establecer límites a los jueces del Supremo en ese preciso sentido. Esta ley permitiría a los presidentes estadounidenses nombrar nuevos magistrados para el Supremo cada dos años, en el primer y el tercer año de su mandato, y limitaría a 18 años el periodo de servicio de los jueces en el Alto Tribunal. De este modo, el Ejecutivo tendría un estrecho control sobre el máximo órgano judicial.

En definitiva, dos medidas que a quienes conocemos los problemas que padecen los países hispanoamericanos nos recuerdan demasiado a los intentos de tantos políticos en esos países por controlar un Poder Judicial que pone límites a sus caprichos. En vez de exportar las condiciones que han salvaguardado la libertad y generado prosperidad en los Estados Unidos, los demócratas parecen más interesados en importar las recetas que ya han fracasado en todo el continente.