
A menos de un mes de volver a Venezuela tras meses en el exilio, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado propuso una alianza de largo plazo con EEUU que, según planteó, no se limitaría al petróleo y abarcaría la seguridad, la economía y la reconstrucción institucional del país, especialmente de las Fuerzas Armadas.
Machado expuso su plan en una entrevista exclusiva con Bloomberg, la primera que concede a un medio internacional desde su regreso en octubre, y la resumió también en un mensaje en X: “Tenemos la oportunidad de construir una alianza estratégica amplia y de largo plazo entre Venezuela y EEUU”.
Machado planteó como prioridad compartida desmantelar las redes de narcotráfico y crimen organizado que operaron durante años junto al régimen chavista, y construir una Fuerza Armada profesional, subordinada a la autoridad civil democrática. Washington, según su planteamiento, necesita un socio confiable en la región, y Venezuela necesita recuperar el control de su territorio y reconstruir sus instituciones.
El lazo económico, además, iría mucho más allá del crudo: “Nuestro interés es que EEUU entienda que Venezuela es un aliado estratégico a largo plazo”, explicó Machado a Bloomberg, y enumeró el gas, los minerales, las tierras raras, las telecomunicaciones, la seguridad y la migración como algunas áreas de cooperación.
Tierra de Gracia, el plan para el petróleo
El corazón de la propuesta es una transformación profunda de la industria energética, que Machado bautizó como “Tierra de Gracia”. El plan prevé retirar de forma progresiva a PDVSA, la petrolera estatal, de las operaciones y trasladarlas a empresas privadas venezolanas y extranjeras, reemplazar los contratos negociados uno por uno por licitaciones abiertas y crear una agencia autónoma de hidrocarburos que separe la regulación de la operación. El Estado seguiría beneficiándose del petróleo, pero a través de impuestos y regalías, sin controlar directamente la producción.
La idea va bastante más lejos que la apertura impulsada este año por Delcy Rodríguez, líder del régimen interino, que dio más espacio al capital privado pero mantuvo a PDVSA en el centro del modelo.
No es una postura nueva para Machado, que defiende la privatización del sector desde hace dos décadas, cuando hablar de ello en Venezuela era casi un tabú, con prácticamente todas las figuras políticas del país impulsando un modelo estatista. Según recordó, en aquel entonces muchos le decían que había perdido la cabeza, pero ella sostenía que son justamente los venezolanos más pobres quienes más valoran la propiedad privada.
Contratos bajo revisión y la sombra de Betancourt
El plan abre un interrogante sobre las decenas de acuerdos petroleros firmados desde la caída de Maduro, durante el pasado 3 de enero. Machado aseguró que los contratos celebrados legalmente serán respetados, aunque todos serán revisados caso por caso para comprobar que no violen la ley, la Constitución ni los intereses del país. Entre ellos figura el acuerdo de $100.000 millones que la Administración Trump selló con el empresario Alejandro Betancourt, un hombre señalado por corrupción, por sus estrechos vínculos con el régimen chavista y que los demócratas del Congreso ya planean investigar.
Lejos de amenazar a las compañías que llegaron bajo el régimen interino, la opositora comparó sus inversiones con opciones financieras que ganarían valor con instituciones sólidas y reglas previsibles, y anticipó que serían las primeras en adaptarse a sus condiciones.
Electricidad, deuda y el regreso del talento
Machado también advirtió que no habrá recuperación petrolera sin resolver la crisis eléctrica. Solo las operaciones actuales demandan unos 1.600 megavatios, mientras que el país arrastra un déficit de generación cercano a los 3.600 megavatios. Su propuesta apuesta por el gas, la energía hidroeléctrica, solar y eólica para atraer industrias como los centros de datos y las telecomunicaciones.
La dirigente también reconoció que el capital no alcanza si no regresan los ingenieros y técnicos que emigraron, algo que exige escuelas, salud y viviendas que funcionen. En el plano financiero, propuso un acuerdo con el FMI y una reestructuración de la deuda, que se estima entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, en condiciones que permitan crecer y pagar a los acreedores.
Una fecha electoral
Todo el proyecto depende de unas elecciones que todavía no tienen fecha. Machado, que sigue siendo la figura política más popular del país, quiere ser candidata presidencial, aunque no está claro si sigue vigente la inhabilitación de 15 años que le impidió competir en 2024.
La transición avanza bajo la hoja de ruta respaldada por EEUU, que forma parte del plan de tres fases impulsado por el secretario de Estado, Marco Rubio. Ese esquema prevé designar un nuevo Tribunal Supremo antes de mediados de diciembre, renovar luego el Consejo Nacional Electoral y, una vez instaladas las nuevas instituciones, que Rodríguez declare la vacante presidencial, lo que abriría un plazo de seis meses para celebrar elecciones.
Machado, que sigue fuera de las negociaciones formales, se mostró dispuesta a conversar directamente con Rodríguez si eso ayuda a la transición, y respaldó la propuesta del senador republicano Bernie Moreno de votar el 24 de julio de 2027, una fecha que consideró perfectamente viable. Para ella, el calendario electoral es también una cuestión económica: “Una elección da certeza. Reduce el riesgo, reduce la tasa de descuento y hace que una inversión en el país sea mucho más rentable”.



