Brasil: el escándalo de la venta de sentencias reabre el debate sobre la integridad del sistema judicial

Las autoridades destaparon una olla de corrupción relacionada con una trama delictiva de venta de sentencias en el sistema judicial brasileño y de concesión de autorizaciones indebidas.

En el caso fueron implicados seis tribunales de los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, San Pablo, Espírito Santo y Maranhão.

De igual manera, se supo que iniciaron investigaciones también en el estado de Bahía.

“Un total de 16 magistrados y 7 jueces fueron suspendidos de sus funciones en todo Brasil. Además de magistrados, en las investigaciones participaron abogados y grupos de presión que actuaban como intermediarios entre las partes de la trama delictiva”, explicó Infobae que ha seguido los avances en el caso.

De acuerdo con la información, en el caso se investigan delitos como cohecho, blanqueo de capitales, fraude procesal, extorsión, falsificación de documentos públicos, malversación, aprovechamiento de prestigio y organización criminal.

Esta semana se realizó una operación que desarticuló un esquema de sobornos destinado a obtener ganancias ilícitas, en el que estaban involucrados algunos empleados de la Policía Federal de Tráfico de Paraná, abarcando los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

“Estamos viendo denuncias de ventas de sentencias que involucran incluso a tribunales superiores de Brasilia. Sabemos que es un problema en el poder judicial brasileño, pero ahora los hechos son realmente escandalosos”, explicó a Infobae Bruno Brandão, director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil.

Entre tanto, en medio del escándalo no hay intenciones políticas de investigar los hechos. Se conoció que el diputado Alfredo Gaspar (del partido oficialista Unión Brasil) propuso la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación por los casos.

Sin embargo, eso fue hace más de un mes y aún consigue las firmas para lograr la iniciativa. Solo 108 diputados han respaldado la petición, lejos de las 171 firmas necesarias para activar la comisión.

Pero, además, Infobae explicó que el problema de corrupción va más allá del Parlamento. Indicó que “por un lado, el crimen organizado viaja ahora por rutas financieras internacionales que han elegido lugares lejanos y difíciles de rastrear como Dubái o Hong Kong o incluso criptodivisas para blanquear, mientras que, por otro, se infiltra cada vez más en la economía legal brasileña a través de la corrupción de la política y las instituciones”.

La situación se conoce justamente el mismo año en el que la Corte Suprema de Brasil revocó las decisiones de un tribunal regional que llevaron a la condena por corrupción de Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa de construcción Odebrecht, por su implicación en la operación "Lava Jato", el escándalo de corrupción más grande en el país ocurrido hace 10 años.