La indeseable experiencia de la censura nos sobrevuela de cerca y pone en riesgo un derecho absoluto de cualquier democracia, fundamental para su desarrollo, podríamos decir más importante aún que el ejercicio del voto, el de la libre expresión. Si empezamos a tener miedo de expresarnos libremente, si creemos que nuestro pensamiento es susceptible de represalias o castigos, la democracia se convertirá en una farsa.

Un hecho reciente puede servir para ejemplificar el desatino. Resulta que el 18 de diciembre la Comisión Europea (CE) abrió un expediente sancionador contra X, antes conocida como Twitter, lo que supone el primer procedimiento formal según el Art. 66, contra una plataforma dentro del marco de la Ley de Servicios Digitales (la DSA) que entró en vigor en 2023. Lo que habían sido solapadas amenazas se convirtió en realidad. Europa lanzó una acusación formal contra X por violar las leyes locales, según anunció Thierry Breton, Comisario de Interior de la Unión Europea.

La investigación en contra de la red sostiene, entre otras cosas, que hay falta de transparencia en lo que respecta a las medidas implementadas para combatir la desinformación. Ese nuevo monstruo de paja con el que nos quieren asustar y al que bautizaron como 'fake news'. La DSA establece que las multas pueden alcanzar hasta el 6% de los ingresos anuales de X, lo que sería un duro golpe a Elon Musk. Lo que hace la Comisión Europea es determinar LA VERDAD autorizada para ser publicada, vale decir: crea VERDAD basada en sus órdenes. La VERDAD manejada desde el poder es sólo un juego de conveniencias del que se debe desconfiar siempre y en todo lugar, la manipulación de la realidad por parte de las oligarquías es más vieja que el big bang.

Un enorme vuelco dio el mundo en el siglo XV cuando se inventó la imprenta, que quitó a las élites el monopolio de la circulación de la información. Para los disidentes tanto científicos como políticos y religiosos la imprenta fue un instrumento vital. Internet, como la imprenta, ha quitado el monopolio de la verdad de sus guardianes modernos, los medios tradicionales y masivos que llevan décadas siendo el brazo parlante de las verdades gubernamentales.

Estruendosas alarmas sonaron en este siglo cuando el contubernio poder político/poder mediático perdió la influencia de la que presumía. La política y las élites de todo el mundo empezaron a poner las culpas de sus derrotas en las 'fake news', como si se tratara de la invención de la mentira. Se dio por sentado que las generaciones nacidas en los siglos XX y XXI tenían dificultades para distinguir una noticia falsa de otra verdadera. Una simultánea ola de regulación y criminalización de las 'fake news' comenzó a recorrer el mundo. Los censores son malos más no bobos, así que diseñaron una potente justificación: la protección del ciudadano, que no es otra cosa que la renovada excusa de todo totalitarismo: “La tutela del bien común”. La excusa es vieja pero eficaz, de hecho el mundo viene cayendo en la trampa desde hace siglos.

Si las noticias son falsas deben ser refutadas, no silenciadas. Si las noticias injurian, existen los mecanismos legales que las reparan. Pero aún con las mejores intenciones, la censura significa atentar contra la libertad de expresión y contra la opción de disentir. Cualquier ley que vaya contra las 'fake news' no sólo presupone que el Estado está en condiciones de saber LA VERDAD mejor que los ciudadanos, sino que otorga a los gobiernos poderes macabros como determinar a su gusto quienes son los nuevos herejes. Son los líderes totalitarios los primeros luchadores contra las Fake News:

• Erdogan, el presidente de Turquía, presentó un proyecto de ley que busca penas de prisión de hasta tres años por la difusión de "desinformación" y "noticias falsas" en plataformas digitales para cualquiera que distribuya “información falsa” sobre la seguridad interna y externa, el orden público y el bienestar o por instigar “preocupación, miedo y pánico en la sociedad”.

 

• En Rusia en 2019, Vladimir Putin firmó la ley No.31-FZ que permite bloquear el acceso a cualquier medio en línea en caso de revelar "información no confiable" y la ley No.27-FZ que establece las multas para las personas físicas y jurídicas por la publicación de "información no confiable". En 2020, firmó las leyes No.99-FZ y No.100-FZ que establecen sanciones penales por la difusión de información no confiable sobre la vida y la salud incluidas epidemias, naturales y tecnológicas que tenían como objetivo ilegalizar cualquier duda sobre la naturaleza de COVID-19 y la razonabilidad de las medidas para combatirlo.

 

• "Compartir una mentira te convierte en un mentiroso", decía una campaña del gobierno malayo contra las 'fake news'. Malasia, uno de los peores lugares del mundo para la prensa independiente, aprobó la iniciativa Anti fake news 2018 que establece multas y penas de hasta seis años de cárcel por crear, publicar o diseminar, tanto de medios locales como extranjeros, incluido aquello compartido en blogs y redes sociales noticias "total o parcialmente falsas" que afecten al país o a sus ciudadanos. "Esta ley tiene como objetivo proteger al público ante la proliferación de noticias falsas, garantizando al mismo tiempo la libertad de expresión, según lo previsto en la constitución federal". ¿Y quién decide la taxonomía de qué es falso o no, qué afecta al ciudadano o no?... El Gobierno, claro.

 

• En 2005, Venezuela incluyó en su Código Penal el artículo 297-A que penaliza la difusión de información falsa. Esto se convirtió en un instrumento de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro contra la prensa independiente. Venezuela es pionera en la criminalización de las noticias falsas y castiga con hasta cinco años de prisión a las personas que “divulguen información falsa que cause pánico en cualquier medio”.

 

• Colombia tuvo una propuesta de reforma electoral que se conoció como “una prohibición de hablar mal de los políticos” y que pretendía tipificar la "violencia política", y en consecuencia prohibir las "noticias falsas o injuriosas (...) a través de medios de propaganda o publicidad". Nicaragua es un caso emblemático: en octubre de 2020, el Parlamento nicaragüense aprobó la ley contra los delitos digitales, “cometidos por medio de las tecnologías de la información y comunicación”, que contó con el rotundo apoyo de Daniel Ortega. En Perú, en octubre de 2020, se presentó un proyecto de ley para prohibir la difusión de noticias falsas como la propaganda electoral. Propone una pena mínima de prisión de 2 años para quienes denuncien “de forma deliberada, artificial, automatizada y/o masiva a través de un canal de comunicación masivo o red social”. Una propuesta del 2018 en Uruguay proponía penalizar la desinformación electoral con cuatro años de prisión, incluyendo “palabras escritas, canciones, símbolos, imágenes, grabaciones o videos, que idóneamente induzca a confusión a los electores". El proyecto no prosperó, pero los partidos políticos firmaron corporativamente un pacto contra las fake news. En Alemania se aprobó en 2017 la "Ley Facebook" para eliminar mensajes en redes que no agradaran al poder. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha solicitado normativas parlamentarias para controlar, limitar y castigar la propagación de noticias falsas en internet. En 2020, Argentina puso en marcha el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (NODIO) con el objetivo de “proteger a los ciudadanos de las noticias falsas, maliciosas y falacias” que circulan por internet.

Está más que probado que toda herramienta que ponga en manos del poder el decir qué cosa es o no verdad no es más que un mecanismo de control de la disidencia. Por eso son los totalitarios los que más se aferran al instrumento. No se trata sólo de Nicaragua o Venezuela, en el corazón de las ejemplares democracias liberales se han promulgado leyes que obligan a las redes sociales a eliminar las noticias falsas, proporcionando a los Estados la legitimidad del monopolio de la VERDAD, pisoteando las bases éticas y filosóficas conseguidas siglos atrás. Para mayor abundamiento, a esto se suman las leyes que habilitan e instan a empresas privadas a censurar lo que los Estados consideran discurso de odio, que es la forma de aplicar los criterios morales de la agenda woke a toda producción simbólica y cultural de orden privado que no estuviera acallada por subsidio estatal.

Ni siquiera los reyes absolutos tuvieron el poder que brinda hoy la tecnología capaz de detectar y eliminar los mensajes que no le gustan a los gobiernos. Nunca el ataque contra la disidencia y la libertad de expresión estuvo tan asistido por mecanismos represivos tan globales, eficaces y legitimados bajo el mismo criterio: las benditas 'fake news'. Toda legislación que utilice este artilugio para intervenir en la circulación libre de ideas y mensajes es un camino hacia la dictadura y el pensamiento único. Sin embargo, este mundo infantilizado y frágil está convencido que necesita la tutela para todo, incluso para saber cuándo le mienten. El mundo pide a gritos que de nuevo el Rey le brinde los criterios de verdad.

Decían nuestras abuelas: -¿Si todos se tiran de un puente vos te tirás también? - lo hacían para incentivar nuestro pensamiento crítico. Bueno, actualmente la humanidad ha demostrado que si el Estado impusiera el consenso para saltar del puente, se arrojarían sin dudarlo hacia el abismo porque al fin y al cabo “todos lo hacen”. Se ha impuesto la verdad por consenso, o sea que un enunciado es verdadero en tanto sea considerado como tal por una comunidad. Ni que hablar cuando esa comunidad incluye a conglomerados de expertos, empresas tecnológicas y medios de comunicación corporativos y gobiernos. Tenían razón nuestras abuelas: el pensamiento crítico salva vidas, y siempre se debe desconfiar de los criterios de verdad oficiales, como el que nos quiere proteger de las 'fake news'. Es en defensa propia.

¿Somos hoy una sociedad basada en el respeto a la libertad de las personas? No si aceptamos la censura.

El totalitarismo es la forma de pensar de quienes creen que las normas se aplican de forma diferente según el grupo al que se pertenezca. Es una tiranía en ciernes considerarse una casta moralmente superior que puede determinar quienes tienen o no derechos. Esa casta es la misma que garantiza la libertad de expresión de apologistas del terrorismo, pero condenan a quienes sean capaces de discrepar con sus dogmas o denunciar sus privilegios. Prohibir las opiniones, las investigaciones periodísticas, la discrepancia es prohibir la libre expresión. En consecuencia se trata de una amenaza latente y lo que debemos preguntarnos es: ¿en nombre de qué principios, de qué intereses y de qué valores, aquellos que SÍ pueden expresarse tienen derecho a impedir que otros lo hagan? Son los mismos que según su conveniencia reducirían al silencio a Galileo o a Darwin, quienes también, en algún momento, tuvieron posiciones minoritarias y molestas para los dogmas reinantes.

Cuanto mayor sea la presión ejercida desde el poder para limitar la capacidad individual de análisis y la maduración personal, más nos estarán agrediendo y amenazando. Sólo el respeto a la libre expresión de quienes no piensan igual permite que la diversidad de pensamiento no desemboque en violencia. Tal vez los funcionarios de la Comisión Europea, deban recordar que la libertad de expresión y la igualdad ante la ley son los valores sobre los que descansan las conquistas de las sociedades modernas. Sirva como ejemplo el derecho a voto de las mujeres o la equiparación ante la ley de todas las personas sin importar origen o religión. El germen de estas conquistas surgió siempre de opiniones heréticas para la época y que los poderosos a cargo de “lo correcto” quisieron acallar.

¿Somos hoy una sociedad basada en el respeto a la libertad de las personas? No si aceptamos la censura. No, si proponemos cárcel y castigos para delitos de opinión. La libertad de expresión no es un bien patrimonial de los justos, es sagrada también para quienes tienen opiniones desagradables, que empobrecen el pensamiento o que nos ofenden. Los esfuerzos actuales por restringir la libertad de expresión por parte de Gobiernos llamados liberales no dejan de ser un tanto desquiciados, provienen de quienes no pueden permitir la búsqueda individual de la verdad. La supresión de la libertad de expresión privará a los ciudadanos de la oportunidad de corregir y desarrollar su propia opinión. Si los esfuerzos actuales por suprimir la libertad de expresión tienen éxito, se acabará penalizando la búsqueda de la verdad y ya no habrá límites.