Texas deberá remover la barrera flotante que se instaló en Río Grande, con el objetivo de obligar a los inmigrantes ilegales a cruzar por otros pasos fronterizos. Con una votación de 2-1, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó el fallo inicial de septiembre, el cual ahora confirma que Greg Abbott deberá quitar la mencionada barrera, que tiene aproximadamente unos 1.000 pies.
Según la decisión del tribunal, el río es uno de tipo navegable, por lo que la barrera representa una "obstrucción" al paso. Por lo tanto, antes de construirla, el Lone Star State debió haber pedido permiso al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.
The 5th Cir. Court of Appeals’ denial of Texas’ sovereign authority to secure the border with floating marine barriers is clearly wrong.
AG Paxton & I will seek an immediate rehearing by the entire court.
We’ll go to SCOTUS if needed to protect Texas from Biden’s open borders.
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 1, 2023
El gobernador Abbott se expresó en contra de la decisión en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, donde incluso prometió llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia (SCOTUS).
"La denegación del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de la autoridad soberana de Texas para asegurar la frontera con barreras marinas flotantes es claramente errónea. El fiscal general Paxton y yo buscaremos una nueva audiencia inmediata por todo el tribunal. Iremos a SCOTUS si es necesario para proteger a Texas de las fronteras abiertas de Biden", redactó el republicano.
Inicialmente, Abbott ordenó el despliegue de la barrera como parte de la Operación Estrella Solitaria, la cual tenía como objetivo detener la inmigración ilegal a lo largo de la frontera, que cuenta con 1.200 millas. Para ello, se gastó unos 850.000 dólares en la barrera, constituida por una hilera de boyas separadas por hojas de sierra, que sostienen una red de malla sumergida diseñada para disuadir a los migrantes de cruzar el Río Grande.
Apenas un mes después de su colocación, el Departamento de Justicia (DOJ) demandó al estado en un tribunal federal de Austin, argumentando que la barrera se había instalado sin la autorización federal requerida. Por su parte, Texas argumentó que la función principal de la barrera era disuadir de los migrantes de cruzar por esa vía, indirectamente direccionándoles a los puntos de entrada apropiados.
