El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, perpetraron violaciones graves y muy diversas de los derechos de la población, que se equiparan a crímenes de lesa humanidad, según ha dictaminado la ONU.
A esta acusación también se suman altos mandos de la Policía Nacional de Nicaragua y otras entidades estatales bajo el mando de Ortega, según las conclusiones presentadas por un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas creado para investigar y recabar pruebas de la situación en el país a partir de las protestas ciudadanas de 2018. El grupo de expertos pide a la comunidad internacional que imponga sanciones a las instituciones o personas implicadas.
Los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a la cúpula política y policial de Nicaragua incluye todo tipo de de abusos, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, así como un nivel extremo de censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.
El grupo de expertos en derechos humanos denunció que la crisis en Nicaragua corre riesgo de empeorar y advirtió de "una crisis humanitaria". En opinión de los expertos, el objetivo del Gobierno nicaragüense es "eliminar por diferente cualquier voz opuesta o disidente en el país":
Estamos muy preocupados por la situación actual. Estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad se ha convertido en un arma de persecución contra la población.
Ejecuciones extrajudiciales y violaciones
El informe identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El Gobierno obstruyó cualquier investigación relativa a estas y otras muertes.
El informe también señala que agentes de la policía y del Sistema Penitenciario Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género, en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores.
Además, el informe concluyó que el Gobierno había utilizado la detención arbitraria como herramienta para silenciar a los críticos. Muchas detenciones se caracterizaron por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y la violencia a manos de grupos armados progubernamentales; muchas personas fueron detenidas sin orden judicial y recluidas en régimen de incomunicación.
Retiro de la nacionalidad
El informe denuncia que la situación sigue empeorando. En febrero, recuerda la ONU, las autoridades nicaragüenses privaron de su nacionalidad a 222 personas de diversos perfiles y las expulsaron del país, acusándolas de ser "traidoras a la patria." Ese mismo mes, el Tribunal de Apelaciones de Managua declaró traidores a la patria a otras 94 personas residentes en Nicaragua y en el extranjero y resolvió imponerles la pérdida de la nacionalidad y ordenar la confiscación de sus bienes a favor del Estado.
"El Grupo concluyó que el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo han puesto en práctica patrones de estos delitos, y continúan haciéndolo a la fecha de este informe", señala el informe sellado esta misma semana.
