Tras dos años de ausencia, la Ley de Ética y Anticorrupción del Departamento de Defensa volvió al Congreso, esta vez a la Cámara de Representantes. El legislador Andy Kim (D-NJ) volvió a introducir el proyecto que apunta contra los conflictos de intereses y la corrupción en el Ministerio de Defensa (DOJ) y en el Pentágono.
La legislación había sido presentada en el Senado por Elizabeth Warren en 2021, aunque se estancó en el Comité de Servicios Armados, en ese momento con igual cantidad de demócratas y republicanos. Dos años después, regresa a Capitol Hill con la esperanza de llegar al escritorio del presidente Joe Biden.
“Este proyecto de ley tiene como objetivo garantizar que los estadounidenses sepan que nuestra fuerza de defensa los respalda. Estoy orgulloso de presentar este proyecto de ley como complemento del proyecto de ley de la senadora Elizabeth Warren en el Senado e insto a los miembros de ambas cámaras a apoyar este proyecto de ley y ayudar a restaurar la confianza de los estadounidenses en su gobierno”, expresó Kim.
From his time in national security, Congressman Kim knows how important it is that across our federal government, duty and service comes first.
With @SenWarren he intro’d a bill to root out conflicts of interest and restore Americans’ trust in government.https://t.co/K6GgEtUGKt
— Rep. Andy Kim’s Office (@RepAndyKimNJ) August 29, 2023
¿Qué hace la Ley de Ética y Anticorrupción del Departamento de Defensa?
Según el sitio web del congresista, el proyecto busca "limitar la influencia de los contratistas en el ejército, restringir la influencia extranjera sobre los altos oficiales militares retirados y afirmar una mayor transparencia sobre los contratistas y su interacción con el DOJ".
Además, impondría una prohibición de cuatro años a los contratistas defensa que contraten a altos funcionarios del Pentágono y haría lo propio con los ex empleados del Departamento de Defensa que gestionaran sus contratos. También ampliaría la prohibición ya existente de que exgenerales militares presionen al DOJ, exigiría informes públicos anuales sobre las contrataciones y rechazaría que los altos funcionarios gubernamentales posean acciones de importantes contratistas de defensa que reciban más de 100 millones de dólares en ingresos del Pentágono.
En cuanto a la influencia extranjera, prohibiría a los altos funcionarios de seguridad nacional trabajar en nombre de gobiernos extranjeros, como así también al personal de inteligencia militar y civil trabajar en nombre de gobiernos extranjeros o entidades privadas de operar predominantemente en nombre de un gobierno extranjero.
Una investigación publicada por The Washington Post en el 2022 encontró que más de 500 veteranos, incluidos generales y almirantes, fueron contratados en todo el mundo desde 2015, particularmente por países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y otros estados del Golfo Pérsico.
