Revés judicial para Newsom: un tribunal federal bloquea ley de California que obligaba a los agentes del ICE a identificarse
El Noveno Circuito dio la razón a la Administración Trump al determinar que este estado no puede imponer sus propias condiciones a las operaciones de las autoridades federales. Los jueces concluyeron que la denominada Ley contra los Vigilantes vulnera la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense.
La Administración del presidente Donald Trump obtuvo una importante victoria judicial frente al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, después de que un tribunal federal de apelaciones ordenara bloquear la aplicación de una ley estatal que obligaba a los agentes federales, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a mostrar una identificación visible durante determinados operativos.
En una sentencia de 21 páginas emitida el 14 de octubre de 2026, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que el requisito de identificación establecido en la denominada No Vigilantes Act (Ley contra los Vigilantes) es incompatible con la Constitución, al intentar regular directamente el desempeño de funciones federales sin autorización del Congreso.
La decisión, adoptada por un panel de tres jueces, supone un nuevo capítulo en la disputa entre Washington y Sacramento por las políticas migratorias y los límites de la autoridad estatal sobre las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes federales.
El fallo revierte una decisión anterior de un tribunal de distrito que había rechazado conceder al Gobierno federal una medida cautelar contra esa disposición. Ahora, los magistrados ordenaron impedir que California, su gobernador y su fiscal general, Rob Bonta, apliquen el requisito a los agentes y organismos federales.
¿Qué establecía la ley impulsada por California?
La controversia comenzó el 20 de septiembre de 2025, cuando Newsom firmó un paquete de leyes destinadas a establecer nuevas restricciones y medidas de supervisión sobre las actuaciones de los agentes migratorios federales en California.
Entre ellas figuraba la SB 805, promovida por la senadora estatal demócrata Sasha Renée Pérez y conocida como No Vigilantes Act.
La legislación exigía que los agentes que no llevaran uniforme exhibieran una identificación visible con el nombre de la agencia a la que pertenecían y su nombre, número de placa o ambos durante operaciones que incluyeran arrestos, detenciones o labores de control de multitudes.
La normativa contemplaba excepciones para determinadas actividades encubiertas, unidades tácticas y situaciones de emergencia. Sin embargo, establecía que el incumplimiento deliberado de la disposición podía constituir un delito menor bajo la legislación de California, salvo que se cumplieran determinadas condiciones relativas a las políticas de identificación de las agencias.
La ley también obligaba a las agencias policiales que operaran en el estado, incluidas las federales, a adoptar y publicar políticas sobre la identificación visible de sus funcionarios.
En el momento de su promulgación, Newsom defendió las nuevas disposiciones como medidas necesarias para proteger a los residentes de California y aumentar la transparencia de las operaciones migratorias.
Según un comunicado oficial de su oficina, el gobernador sostuvo que la seguridad pública dependía de la confianza entre las autoridades y las comunidades, y acusó a la Administración Trump de deteriorar esa relación.
La legislación formó parte de un conjunto de iniciativas que incluía restricciones relacionadas con las operaciones migratorias en escuelas y hospitales, así como otra ley conocida como No Secret Police Act (SB 627), dirigida a limitar el uso de máscaras por parte de determinados agentes policiales.
La Administración Trump llevó el caso a los tribunales
El 17 de noviembre de 2025, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra California, Newsom y el fiscal general estatal Rob Bonta, al considerar que las nuevas restricciones interferían ilegalmente en las operaciones de las agencias federales.
Washington cuestionó tanto los requisitos de identificación de la SB 805 como las restricciones al uso de máscaras previstas en la SB 627.
En su comunicado oficial sobre la demanda, el DOJ argumentó que ambas normas constituían intentos inconstitucionales de regular a los funcionarios federales y podían poner en riesgo su seguridad.
La Administración Trump sostuvo que obligar a los agentes a identificarse públicamente en determinadas circunstancias podía exponerlos a amenazas, acoso y divulgación de información personal, además de comprometer operaciones policiales sensibles.
El Gobierno federal también advirtió que California pretendía someter a sus agentes a posibles sanciones penales estatales por actuaciones realizadas en cumplimiento de sus responsabilidades federales.
La demanda, presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California, solicitó medidas para impedir que las autoridades estatales aplicaran las disposiciones impugnadas a los funcionarios federales.
En una primera resolución, la jueza Christina A. Snyder rechazó bloquear provisionalmente el requisito de identificación, aunque concedió una protección parcial frente a la prohibición de máscaras de la otra legislación.
Washington recurrió la decisión relativa a la identificación ante el Noveno Circuito.
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El fallo: California no puede regular directamente las operaciones federales
El tribunal de apelaciones respaldó el argumento central del Departamento de Justicia: los estados no pueden imponer unilateralmente condiciones sobre la forma en que el Gobierno federal desempeña sus funciones constitucionales.
La resolución, redactada por el juez Mark J. Bennett y respaldada por Jacqueline H. Nguyen y Daniel P. Collins, se fundamenta en la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que establece la primacía del derecho federal frente a las disposiciones estatales incompatibles.
Los magistrados aplicaron la doctrina de inmunidad intergubernamental, según la cual los estados no pueden regular directamente las operaciones soberanas del Gobierno federal sin autorización del Congreso.
En particular, consideraron que el artículo 10 de la ley de California pretendía sustituir la capacidad de las autoridades federales para decidir cuándo y cómo deben identificarse públicamente sus agentes.
La sentencia concluyó que el Gobierno tenía asegurado el éxito de su impugnación constitucional de esa disposición, al tratarse de una regulación directa sobre funciones federales que el Congreso no había autorizado.
Los jueces también consideraron que los demás requisitos necesarios para conceder una medida cautelar favorecían al Gobierno federal, incluido el interés público en evitar vulneraciones constitucionales.
Por ello, ordenaron al tribunal inferior emitir una medida cautelar preliminar que prohíba a California aplicar el artículo 10 de la No Vigilantes Act contra Estados Unidos, sus agencias y sus funcionarios.
La resolución de días atrás se consolida una decisión provisional adoptada en abril de 2026, cuando el mismo tribunal ya había suspendido la aplicación de la disposición mientras se resolvía la apelación.
Un nuevo episodio en el enfrentamiento entre Trump y Newsom
Mientras el gobernador demócrata ha defendido las restricciones como herramientas para garantizar transparencia y rendición de cuentas, la Administración Trump sostiene que las autoridades estatales no pueden interferir en la ejecución de leyes federales ni establecer condiciones adicionales para sus agentes.
La decisión judicial no significa que los funcionarios federales estén exentos de toda obligación de identificarse, sino que California no puede imponerles unilateralmente el requisito específico establecido en la disposición impugnada.
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