El Departamento de Justicia demanda al mayor proveedor de viviendas para niños migrantes por participar en casos de abuso sexual y acoso a menores

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una denuncia contra el mayor proveedor de alojamiento para niños migrantes no acompañados en el país. La denuncia alega que trabajadores de Southwest Key han estado involucrados en abusos y acosos sexuales repetidos a niños bajo su cuidado desde al menos 2015.

Detalles de la denuncia

Southwest Key, con sede en Austin, Texas, gestiona 29 refugios para niños migrantes no acompañados en Texas, Arizona y California. Estos refugios tienen una capacidad para albergar a aproximadamente 6.350 niños y son financiados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Según la demanda, se ha registrado más de un centenar de reportes de abuso sexual y otras formas de acoso por parte de empleados en estos refugios desde 2015. Por ejemplo, un empleado en un refugio en El Paso, Texas, es acusado de abusar sexualmente de tres niñas de 5, 8 y 11 años. En otro caso, se alega que un trabajador en un refugio en Tucson, Arizona, llevó a un niño de 11 años a un hotel y le pagó para que realizara actos sexuales durante varios días en 2020. La denuncia también afirma que los niños fueron amenazados con violencia contra ellos mismos o sus familias si informaban algo al respecto.

Respuesta del HHS

Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos, expresó preocupación por las alegaciones y reafirmó el compromiso del HHS con una política de tolerancia cero frente al abuso sexual y el comportamiento inapropiado. Becerra subrayó que se tomarán medidas para garantizar la seguridad de los menores en los refugios.

La presentación de esta demanda ocurre menos de tres semanas después de que un juez federal accediera a la solicitud del Departamento de Justicia de levantar la supervisión judicial especial sobre la atención que el HHS brinda a los niños migrantes no acompañados. La Administración del presidente Joe Biden había argumentado que las nuevas medidas de protección implementadas hacían innecesaria la supervisión especial que había estado vigente durante 27 años.