La Administración Biden presionó para eliminar los límites de edad para la cirugía trans en menores

Unos documentos judiciales desclasificados prueban que la Administración Biden presionó a la Asociación Profesional Mundial de Salud Transgénero (WPATH) para eliminar mínimos de edad para someter a menores a tratamientos médicos y cirugías de cambio de sexo. Esta presión se ejerció por motivos políticos, ya que la Administración Biden creyó que las recomendaciones y directrices de la asociación fomentaban políticas republicanas en contra de las operaciones en menores. 

Entre los documentos hechos públicos a la prensa, constan varios correos electrónicos entre miembros de la Administración Biden, concretamente del Departamento de Salud y Recursos Humanos, y la dirección de la Asociación Profesional Mundial de Salud Transgénero. Los trabajadores del Gobierno que llevaron a cabo las comunicaciones con la organización pertenecen el equipo de Rachel Levine, subsecretaria de Sanidad en dicho Departamento. 

Los documentos desvelados son archivos legales presentados en una demanda federal en contra de la legislación de Alabama que ilegaliza los tratamientos de cambio de sexo en menores de edad. 

Presión del equipo de Rachel Levine

Gracias a estas presiones, el Gobierno de Biden alcanzó sus objetivos y la WPATH relajo drásticamente sus recomendaciones para los protocolos de cambio de sexo en menores de edad. Después de la campaña de presión del Gobierno Biden, la organización internacional dejó de vetar los bloqueadores de pubertad.

Anteriormente, la organización profesional recomendaba edades mínimas de 14 años para los tratamientos hormonales; 15 para las mastectomías; 16 para los aumentos de pecho o las cirugías faciales; y 17 para las amputaciones y cirugías de genitales o las histerectomías. Todas estas recomendaciones desaparecieron después de las comunicaciones insistentes del equipo de Rachel Levine. La supresión de las restricciones de edad de forma súbita suscitó, de acuerdo con el New York Times, inquietud en el seno del propio grupo internacional y entre los expertos externos.

De acuerdo con los documentos desvelados, un miembro anónimo de la dirección de WPATH mencionó una conversación con Sarah Boateng, entonces jefa de personal de Rachel Levine: "Ella confía, basándose en la retórica que está escuchando en Washington, D.C., y en lo que ya hemos visto, que estas listas específicas de edades, por debajo de los 18 años, tendrán como resultado una legislación devastadora para la atención trans. Se pregunta si se pueden eliminar las edades específicas". 

Estos extractos probarían que la intención de la Administración Biden es evitar las legislaciones conservadoras que prohíban los tratamientos trans en menores. A ojos del equipo de Levine, las recomendaciones de la WPATH suponían una argumento de apoyo a los republicanos y críticos con las operaciones de cambio de sexo infantiles. 

En otro correo electrónico se afirmó que a Rachel Levine "le preocupa mucho que la inclusión de edades (sobre todo para la cirugía) afectara al acceso a la atención (médica trans) de los jóvenes trans y quizá también de los adultos". El mismo mail sostiene que "la situación en EE.UU. es terrible y a ella (Levine) y a la Administración Biden les preocupaba que la inclusión de edades en el documento empeorara las cosas. Nos pidió que las elimináramos".

Estados Unidos sigue dividido en función de cada estado en lo que refiere a los tratamientos trans para los menores de edad. El país va un paso por detrás de muchos otros del mundo occidentales, especialmente los europeos, quienes legislaron en contra de los tratamientos en menores. Algunos países como Suecia, Finlandia o Reino Unido decidieron suspender el acceso de estas operaciones para los menores después de que sus instituciones científicas presentaran estudios con conclusiones negativas para los niños. 

24 estados del país tienen leyes que prohíben los tratamientos trans en menores de edad. Se añade a ellos Arizona, que tan solo prohíbe las operaciones quirúrgicas. De todos estos estados, Idaho, Dakota del Norte, Oklahoma, Alabama, Florida y Carolina del Sur además consideran un delito que se lleven a cabo estos tratamientos. 

No todos los estados tienen su legislación vigente. En muchos de ellos, tribunales menores han puesto freno a la ley a raíz de demandas de grupos lobistas y asociaciones en defensa de los tratamientos transgénero. 

Frente a los 24 estados que han prohibido los tratamientos, otros 16, además del Distrito de Columbia, han blindado el acceso a los tratamientos trans para menores con legislaciones especiales.