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jueves, 19 de noviembre de 2026Sin rodeos. Solo noticias.
Política

Tras su ajustada reelección, María Elvira Salazar suma 16 nuevos apoyos para la Ley Dignidad: 20 republicanos ya respaldan el proyecto

La iniciativa ya supera los 50 copatrocinadores, de los cuales 20 son republicanos, entre ellos Mike Lawler, Don Bacon, Brian Fitzpatrick, Young Kim y los floridanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, este último parte de la nueva tanda de apoyos.

Emmanuel Alejandro RondónPublicado el · Actualizado · 4 minutos de lectura
La congresista María Elvira Salazar en una imagen de archivo
La congresista María Elvira Salazar en una imagen de archivoAFP

La congresista republicana María Elvira Salazar volvió a poner la reforma migratoria en el centro del debate en Washington. Apenas días después de retener su escaño en Miami tras un recuento electoral ajustadísimo, la legisladora anunció que 16 nuevos miembros del Congreso se sumaron como copatrocinadores de la Ley Dignidad, el proyecto bipartidista que impulsa junto a la demócrata texana Verónica Escobar.

“Dieciséis miembros más del Congreso se suman a un esfuerzo que ha ido creciendo durante todo el año, tanto en el Capitolio como en todo el país”, celebró Salazar en un comunicado difundido el lunes. Con las nuevas incorporaciones, la iniciativa ya supera los 50 copatrocinadores, de los cuales 20 son republicanos, entre ellos Mike Lawler, Don Bacon, Brian Fitzpatrick, Young Kim y los floridanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, este último parte de la nueva tanda de apoyos.

¿Qué es la Ley Dignidad y por qué divide —hasta ahora— a los republicanos?

La Ley Dignidad propone un mecanismo de regularización para una parte de los inmigrantes indocumentados que ya viven en el país. Quienes estén presentes de forma continua desde antes de 2021, no tengan antecedentes por delitos graves, superen verificaciones de antecedentes, entreguen sus datos biométricos y paguen una restitución podrían acceder a protección frente a la deportación y a permisos de trabajo y de viaje. El texto no otorga la ciudadanía a los participantes de ese programa, aunque sí abre una vía hacia la residencia permanente para los beneficiarios de DACA.

El proyecto también incluye más fondos para la seguridad fronteriza, el uso obligatorio de E-Verify para que los empleadores verifiquen el estatus legal de sus trabajadores y penas más duras contra traficantes de personas. Según Salazar, su implementación se financiaría con los pagos de los propios participantes y no con dinero de los contribuyentes.

“Estamos construyendo una coalición en torno a un principio simple: EE.UU. puede tener ley y orden, prosperidad económica y dignidad humana”, dijo la congresista, hija de inmigrantes cubanos. “No tenemos que elegir”.

El ala más conservadora del Partido Republicano, sin embargo, mantiene su rechazo.

El congresista texano Brandon Gill, uno de los críticos más visibles, insiste en que el proyecto es una amnistía encubierta. “Cualquier republicano que apoye esto está apoyando la amnistía y traicionando a los votantes que lo eligieron”, advirtió. El senador Mike Lee, de Utah, también cuestionó que la ley otorgue a los inmigrantes indocumentados beneficios que no tienen quienes siguen el proceso migratorio legal. Salazar ha rechazado esa caracterización en reiteradas ocasiones.

El nuevo impulso llega en un nuevo contexto político. La migración pesó en las elecciones de medio término, en las que los demócratas se quedaron con ambas Cámaras del Congreso y varios republicanos, como la propia Salazar, conservaron sus escaños por márgenes mínimos. La congresista se impuso por apenas unos mil votos en el Distrito 27 de Florida, en una contienda que se definió por recuento.

Durante la campaña, Salazar tomó distancia de la Casa Blanca en el tema migratorio. En septiembre cuestionó que los operativos de control migratorio habían ido demasiado lejos, una postura que mantuvo siempre en tono respetuoso hacia el presidente, de quien recibió respaldo para su reelección. La congresista ha sostenido de manera constante que apoya la deportación de criminales, pero no la expulsión masiva de trabajadores sin antecedentes.

El propio Trump también moderó su discurso tras las elecciones. En una entrevista con “60 Minutes”, el mandatario admitió que su política migratoria pudo haber sido “demasiado dura” y sostuvo que muchos inmigrantes indocumentados con trabajos estables que pagan impuestos deberían poder quedarse en el país. La Casa Blanca, de todos modos, aclaró que el presidente no apoyará una amnistía, aunque no descartó un acuerdo con los demócratas para quienes llevan más de una década en EEUU. En ese contexto, quizás la Ley Dignidad que impulsa Salazar puede encontrar un camino de apoyo por parte del presidente.