Están destruyendo la democracia americana desde dentro

En los últimos años se ha escrito mucho sobre la destrucción de la democracia americana. Con frecuencia, la amenaza ha sido la supuesta injerencia electoral de Rusia, China u otros actores estatales. En nombre de la integridad de los comicios, a las agencias gubernamentales se les asignó la tarea de identificar y desbaratar dichas intrusiones extranjeras. A medida que se revela más y más información, parece que la Comunidad de Inteligencia (CI) participó en esas actividades a nivel nacional, y de una manera que supone una grave amenaza tanto para la integridad de las elecciones como para la democracia.

Recientemente se reveló que el FBI volvió a ocultar información pertinente a la opinión pública hasta después de las elecciones del pasado 8 de noviembre. Al igual que con la denuncia del encubrimiento de pruebas sobre tráfico de influencias supuestamente encontradas en el ordenador portátil de Hunter Biden, los agentes tenían conocimiento desde el 2 de noviembre de algunos de los tres conjuntos de material clasificado que acabaron ilegalmente en el garaje y la biblioteca del presidente Joe Biden y en el Penn Biden Center de la Universidad de Pensilvania (al que miembros anónimos del Partido Comunista Chino han donado 54,6 millones de dólares).

Su existencia no se conoció hasta que la flamante Cámara de Representantes de mayoría republicana anunció que celebraría sesiones sobre "cómo manejó el Departamento [de Justicia] las investigaciones sobre el material clasificado hallado en la casa floridana del expresidente Donald Trump y el encontrado en la oficina del presidente Joe Biden en un think tank de Washington que lleva su nombre, así como en su casa de Delaware".

Además, la reciente publicación de los Archivos de Twitter ha suscitado al menos dos grandes preocupaciones en relación con las acciones de la CI. La primera es que el muro de separación entre ésta y los medios de comunicación ya no es que tenga una grieta, sino que se ha derrumbado por completo. La noticia de que funcionarios de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) se reunían semanalmente con ejecutivos de Twitter para coordinar información es totalmente inapropiada. ¿Revisarían, afirmarían o calificarían de falsas determinadas informaciones los funcionarios de la ODNI? Cuando se creó este organismo, nadie pretendía que sus funcionarios tuvieran un papel en este tipo de debates.

También parece que en los últimos años funcionarios de inteligencia han convertido la información de inteligencia en un arma política. Una CI instrumentalizada políticamente operando mano a mano con los principales canales de información para millones de estadounidenses supone una grave amenaza para la democracia y la integridad de nuestras elecciones.

Veamos brevemente la pronunciada pendiente de mentira, engaño y corrupción por la que se ha ido despeñando la cúpula de la CI.

En primer lugar, no hay palabras suficientes para elogiar a nuestra CI y a los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas velando por la seguridad de EEUU. Son los profesionales de base que forman el núcleo de la CI. La mayoría se dedica a la misión de recopilar la información necesaria para proteger a nuestra nación. Sus jefes tienen la responsabilidad de servirles. Sin embargo, como revela la reciente ola de denunciantes, con demasiada frecuencia esos jefes les han defraudado.

En 2013, en respuesta a una pregunta del senador Ron Wyden al entonces director de Inteligencia Nacional (DNI), James Clapper, sobre si la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) recopila "cualquier tipo de datos sobre millones, o cientos de millones, de estadounidenses", Clapper respondió: "No, señor; no a sabiendas". A Clapper, a quien se había pasado la pregunta el día anterior, se le preguntó después de su comparecencia si quería modificar la respuesta y declinó hacerlo. Poco después se reveló un programa masivo de la NSA que contenía millones de datos de estadounidenses. Clapper fue sorprendido mintiendo escandalosamente, al senador Wyden y al pueblo americano.

El 12 de enero de 2017, CNN informó de que el presidente electo Donald Trump había mantenido un briefing con el DNI Clapper, el director del FBI –James Comey–, el director de la CIA –John Brennan– y el director de la NSA –Michael Rogers–. El asunto: "Operativos rusos afirman tener información personal y financiera sobre Donald Trump comprometedora". Su objetivo era informar al presidente electo de que esas acusaciones estaban "circulando entre las agencias de inteligencia, miembros destacados del Congreso y otros funcionarios de Washington". En dicha sesión informativa se abordaron también otras acusaciones importantes que, según ellos, circulaban por ahí.

Manejar esas informaciones falsas –algunas de las cuales el FBI de hecho alteró– en el dominio público tenía la evidente intención de dañar a Trump. La patraña rusa perseguiría y dañaría a Trump durante la mayor parte de los dos primeros años de su mandato. El propio Clapper declaró:

Asimismo, emitió un comunicado en el que afirmaba que ni él ni ningún otro miembro de la CI eran responsables de las filtraciones. Entonces, ¿cómo llegó esa información altamente clasificada al dominio público?

Una investigación republicana en la Cámara de Representantes brinda la respuesta. Clapper negó haber filtrado el dosier, pero admitió haber hablado de él con Jake Tapper, corresponsal de CNN, y quizá con otros periodistas a principios de enero de 2017. Ese mismo año, Clapper pasaría a formar parte de la CNN como colaborador de "seguridad nacional", y la cadena recibiría un premio por sus reportajes en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Hoy sabemos que el Russia hoax era mentira. Tras una investigación de 22 meses, no se descubrieron pruebas de colusión entre ningún elemento de la campaña de Trump y Rusia. Las supuestas pruebas comprometedoras nunca habían existido; la información del Dosier Steele era falsa, y el FBI lo sabía desde el principio. Todo el montaje había sido un intento de atacar y debilitar políticamente a Trump.

En octubre de 2020, poco antes de las elecciones, 51 antiguos profesionales de los servicios de inteligencia firmaron una carta conjunta en la que afirmaban que el portátil Hunter Biden tenía "todas las características clásicas de una operación de información rusa". Afirmaron que su experiencia en seguridad nacional les hacía "sospechar profundamente que el Gobierno ruso desempeñó un papel importante en este caso". Decían también:

El New York Times planteó dudas sobre la autenticidad del material encontrado en el portátil de Hunter Biden. Bill Evanina, director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, había indicado en agosto que Rusia estaba tratando de desprestigiar la campaña de Biden. Todos estos hechos fabricados estaban aparentemente destinados a crear un contexto en el que la gente sensata concluyera que el portátil de Hunter Biden era desinformación rusa.

Entre los firmantes de la misiva figuraban Clapper, Brennan, Michael Hayden, Jeremy Bash y David Buckley. Clapper y Brennan son nombres conocidos. Participaron en la sesión informativa de enero de 2017 al presidente Donald Trump sobre el falso Dosier Steele. Merece la pena mencionar a Jeremy Bash y a David Buckley porque siguen desempeñando papeles importantes en lo relacionado con la seguridad nacional. Buckley fue el jefe de gabinete de la mayoría en el comité de la Cámara de Representantes que investigó los hechos del 6 de enero de 2021. Y Bash ha sido nombrado copresidente de una comisión gubernamental de evaluación de la guerra de Afganistán.

Los esfuerzos fraudulentos del Gobierno de Estados Unidos, Clapper, Brennan y los otros 49 –junto con Hillary Clinton, su comité de campaña, el Comité Nacional Demócrata, así como los medios de comunicación y las redes sociales silenciadores (aquí y aquí)– para influir en la opinión pública tuvieron, por desgracia, cierto éxito. Durante casi dos años se cuestionó la autenticidad del material encontrado en el portátil de Hunter Biden. Hoy, su autenticidad ha sido verificada; la información es real y condenatoria. Como resume el New York Post:

El más reciente ejemplo de la implicación de la CI en la política nacional procede de los Archivos de Twitter. El tuit nº 20 de la tercera serie publicada decía:

Y el tuit #17, esto otro:

Por último, cabe consignar que el FBI pagó a Twitter 3,5 millones de dólares, supuestamente, por "atender las peticiones de la Oficina".

Ahora sabemos lo que pasó. Twitter suprimió el debate sobre el portátil de Hunter Biden, así como mensajes conservadores, al tiempo que, según parece, el FBI, el DHS y la ODNI instalaban literalmente en la compañía.

El pueblo americano debería estar indignado. Este nivel de colaboración entre las fuerzas de seguridad federales y una empresa del sector privado para controlar la libertad de expresión es aterrador. Involucrar a nuestra CI, que se supone que se centra en la recopilación de inteligencia extranjera, lo es aún más.

Que el DNI James Clapper mintiera al pueblo americano en 2013 sobre la vigilancia de que era objeto; la promoción de la teoría de la colusión con Rusia en 2017 por parte del director de la CIA Brennan, el DNI Clapper, el director del FBI Comey y otros; la supresión de la historia del portátil de Hunter Biden por parte de 51 ex profesionales de inteligencia y el estrecho acuerdo de trabajo entre el FBI, el DHS y la ODNI en 2020-2022 plantean una asombrosa serie de preguntas:

Está claro que hay que investigar a nuestras fuerzas del orden, pero lo más importante es investigar cómo nuestra CI ha pasado de tener una relación literalmente inexistente con la libertad de expresión a estar en la sala en la que se determina qué se puede decir.

También es necesario que un grupo externo, no gubernamental, lleve a cabo una investigación significativa para comprender hasta dónde llegó esta masiva extralimitación gubernamental en la libertad de expresión y la manipulación electoral. Está claro que el Gobierno ha estado interfiriendo en lo que vemos y oímos. Hay que detenerlo enseguida, antes de que nuestra democracia quede destruida.

© Gatestone Institute