
El vicepresidente, JD Vance, anunció que el Departamento de Agricultura (USDA) ha impedido más de 6.000 millones de dólares en presuntas operaciones fraudulentas relacionadas con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos.
Según informó Breitbart News, Vance dio a conocer los resultados a través de su cuenta oficial de X, destacando las medidas adoptadas para combatir el uso indebido de los fondos destinados a familias de bajos ingresos.
El vicepresidente aseguró que las autoridades han descalificado a más de 6.400 establecimientos comerciales para participar en el programa y desactivado más de 4.600 terminales de punto de venta utilizadas de manera ilegal.
"Estos beneficios son para los estadounidenses que los necesitan, no para los estafadores que desean robárselos", afirmó Vance en su publicación oficial en X.
Las cifras corresponden a presuntas operaciones fraudulentas bloqueadas o prevenidas, según la Administración Trump, y no necesariamente a dinero recuperado ni a pérdidas confirmadas mediante sentencias judiciales.
Más de 6.400 comercios excluidos del programa SNAP
Las acciones forman parte de una campaña federal dirigida a detectar establecimientos que utilizan irregularmente los beneficios alimentarios, incluidos aquellos que intercambian los cupones por dinero en efectivo o procesan transacciones fraudulentas.
El Departamento de Agricultura informó en septiembre que ya había frenado más de 5.800 millones de dólares en presunto fraude, suspendido o expulsado a cerca de 6.000 comerciantes y bloqueado más de 2.000 dispositivos ilegales de pago.
Como parte de la denominada Operación SNAP Back, agentes federales realizaron inspecciones encubiertas en los cinco distritos de Nueva York, que derivaron en medidas contra 170 establecimientos, principalmente pequeñas tiendas de alimentación y comercios de conveniencia.
Las sanciones por tráfico fraudulento de beneficios SNAP pueden incluir multas, suspensiones temporales y la expulsión permanente del programa.
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El departamento de Justicia detectó casi 42 millones de dólares en fraude
La ofensiva también incluye investigaciones penales coordinadas entre el Departamento de Justicia, el USDA y su Oficina del Inspector General.
En octubre, las autoridades anunciaron una operación nacional que permitió identificar casi 42 millones de dólares en presunto fraude al programa SNAP, con más de 40 acusados en investigaciones desarrolladas por 13 fiscalías federales y la Fiscalía General de Utah.
De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Justicia, uno de los casos más importantes involucra a dos operadores comerciales de Chicago acusados de realizar miles de transacciones con información robada de cuentas de asistencia alimentaria.
Las pérdidas relacionadas con ese esquema alcanzarían aproximadamente 29,7 millones de dólares, según los fiscales.
Las investigaciones también identificaron otros casos de presunto fraude por 4,4 millones y 1,09 millones de dólares. Los cargos anunciados constituyen acusaciones y no determinaciones definitivas de culpabilidad.
Trump intensifica la lucha contra el fraude en las ayudas federales
Estas medidas se enmarcan en el trabajo del Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude (Task Force to Eliminate Fraud), establecido por el presidente Donald Trump mediante una orden ejecutiva firmada en marzo de 2026.
La iniciativa, presidida por Vance, busca coordinar a distintas agencias federales para detectar pagos indebidos, reforzar los controles de elegibilidad y prevenir el desvío de fondos públicos en programas de asistencia social.
En octubre, la Casa Blanca destacó los resultados de la estrategia nacional contra el fraude, que incluye investigaciones sobre los programas de alimentación, salud y otras prestaciones financiadas con dinero de los contribuyentes.
El programa SNAP, administrado por el USDA en coordinación con los estados, distribuye aproximadamente 100.000 millones de dólares anuales en asistencia alimentaria para hogares de bajos ingresos.
La Administración Trump sostiene que el fortalecimiento de los controles permitirá garantizar que los recursos lleguen a las personas que cumplen los requisitos, al tiempo que reduce las pérdidas por actividades fraudulentas.


