Este domingo 17 de diciembre concluye el proceso plebiscitario constituyente en Chile. Se trata del segundo intento por redactar una nueva constitución en un período de apenas cuatro años. Este proceso arrancó tras el contundente rechazo al primer texto constitucional en septiembre de 2022, un proyecto escrito por una convención escorada hacia la izquierda más radicalizada, que rompía irresponsablemente con la institucionalidad republicana y que parecía un manifiesto woke con tintes francamente bizarros, impracticables, contradictorios.
Este paripé político, tan costoso como desgastante, comenzó con el aniquilador golpe de octubre de 2019, cuando la izquierda organizada soltó sobre el país una violencia extrema, en un accionar coordinado delictivamente, similar al visto en otros lugares del continente como Ecuador o Colombia. El impotente gobierno de Piñera optó por aplacar la oleada de insurgencia ofreciendo a cambio la redacción de una nueva Constitución. Las organizaciones que respaldaron la destrucción del país durante el 2019 se congratularon por la oferta ya que aspiraban a borrar la Constitución de Pinochet, y apoyaron un proyecto constitucional destinado a desmembrar Chile, que fue rechazado por la ciudadanía.
A pesar de que en octubre de 2020 una abrumadora mayoría de los chilenos se mostró a favor de cambiar su Constitución, el primer intento fracasó en septiembre del 2022, cuando un 62% votó por el rechazo. Los analistas sostienen que Chile se ha comportado en los últimos procesos electorales como un péndulo, pasando en dos años de redactar y posteriormente rechazar una de las propuestas constitucionales más izquierdistas del mundo a entregarle la batuta del segundo proceso constituyente a la derecha. Pero lo cierto es que la pendulación frenética es más achacable a sus élites que a la ciudadanía, ya harta de esta locura refundacional.
El presidente Boric, con su imagen en caída libre, enfrenta un referéndum que puede condicionar el tramo final de su gobierno.
El texto que se plebiscitará esta semana tiene más de 200 artículos, y fue redactado por un órgano de 50 consejeros elegidos el pasado mayo, en el que el centro y la derecha contaban con mayoría, con 11 y 22 escaños, respectivamente. El Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, se quedó con dos tercios de los cupos del Consejo y poder de veto en la votación de las normas. Por eso, ahora quienes defienden el "a favor" para el próximo domingo son los que hicieron campaña por el "en contra" en el plebiscito anterior.
Pero el Partido Republicano vive un terremoto interno luego unas filtraciones poco felices que se publicaron en un medio nacional y de haber sufrido un fuerte decrecimiento con la renuncia de varios militantes, entre ellos Rojo Edwards. También la dirigente Teresa Marinovic, exconvencional y directora de la Fundación libertaria Nueva Mente acusa al Partido Republicano de cometer una "torpeza política" al abanderarse por el "a favor". Es muy nutrido el grupo de dirigentes y referentes del libertarianismo que sostienen que los republicanos se rindieron ante la izquierda al cambiar el concepto de Estado subsidiario por uno de derechos sociales. Este grupo de disidentes también rechaza el nuevo texto constitucional, razón por la cual, la derecha triunfadora de la última elección va dividida a las urnas en este llamado.
En el frente izquierdo la situación no es menos caótica. El presidente Boric, con su imagen en caída libre, enfrenta un referéndum que puede condicionar el tramo final de su gobierno. La izquierda que lo llevó al poder. y que apoyaba la reforma de la Carta Magna, ahora milita en contra; lo que lo llevaría a apoyar la continuidad de la Constitución actual, que era, según su visión de hace sólo un par de años, el origen de todos los males del país. Los sondeos vienen indicando un triunfo del "en contra" aunque en la última semana se observó un repunte de la opción "a favor". Lo curioso es que, a pesar de la apatía actual, el reclamo por una nueva Constitución fue central para las formaciones de izquierda en 2019. En tan corto período, los chilenos parecen haberse hartado de los vaivenes de sus élites, que llevan 4 años de enfrentamiento, crispación y estancamiento.
El confuso panorama se nutre de controversias abiertas por el mismo texto que la derecha tuvo la oportunidad de redactar según su agenda y que sin embargo llenó de concesiones que alejaron a un enorme sector de los propios, mientras que, al mismo tiempo, no logra convencer a la izquierda. Se trata de un ejercicio de tibieza política que parece ser patrimonio de la derecha latinoamericana. Por ejemplo, el texto declara a Chile un Estado social democrático que "promueve el desarrollo progresivo de derechos sociales" a través de instituciones estatales. La cuestión de la política ambiental es también tema de controversia ya que el Artículo 212 asume y constitucionaliza la cuestión del “cambio climático” y establece un deber de promoción de cooperación internacional en consonancia con la postura que se adopta supranacionalmente respecto del cambio climático.
En lo que se refiere al indigenismo, un mal descontrolado en Chile que ha llevado a regiones completas al caos y al padecimiento del terrorismo étnico, el nuevo texto también parece alinearse con la narrativa izquierdista: acepta el reconocimiento de derechos colectivos indígenas en el Artículo 5, la habilitación para crear mecanismos especiales de participación en el Congreso para pueblos indígenas en el Artículo 51 y para que establezca mecanismos de promoción de derechos colectivos indígenas a nivel nacional, regional y local en el Artículo 127. También se cuestionan artículos que limitan la facultad presidencial para retirarse de tratados internacionales y que afectan la independencia del poder judicial.
Chile fue hasta hace pocos años una nación con índices de desarrollo muy superiores a los de la media de la región, y fue la sumisión a la narrativa woke y la cobardía e improvisación de sus elites la que hundió a la nación en una polarización decadente y empobrecedora. Hoy, no sólo naufraga la imagen presidencial sino que, según encuestas, más del 80% de la ciudadanía desaprueba a toda la clase política. Así las cosas, cada mitad de la población cree que lo que vote la otra mitad traerá incertidumbre, injusticia y caos. Si el nuevo texto constitucional es aprobado, será un triunfo de un sector político despreciado por todo el sector de la centroizquierda y la izquierda, y desafiado por un importante sector de ex-aliados. Si finalmente se rechaza, seguirá vigente la actual Constitución, que fue la excusa para el largo y penoso proceso de idas y vueltas constituyentes que terminará en la nada, un papelón inexplicable. En este caso se cerrará, al menos durante el mandato actual, el debate constitucional, porque el Gobierno dijo que no impulsará un tercer intento.
