Los enfrentamientos entre manifestantes en favor del ex presidente Pedro Castillo y la policía han causado ya la muerte de al menos 47 personas en Perú, entre ellas un miembro de las fuerzas de seguridad. Además, las cifras oficiales recogen más de 500 civiles y 290 agentes heridos como consecuencia de los enfrentamientos y circunstancias relacionadas con las protestas.
El lunes, Perú vivió la jornada más sangrienta en los últimos 20 años. 17 civiles y un policía perdieron la vida durante los choques producidos en Juliaca, en Puno, al sur del país. Otra persona más murió como consecuencia de un accidente de tráfico provocado por los bloqueos organizados por los manifestantes. Según el ministro de Interior, Víctor Rojas, la manifestación, que comenzó se manera pacífica, exigió la intervención de las fuerzas del orden cuando unas 9.000 personas trataron de de tomar el aeropuerto local y varios grupos armados con pistolas y explosivos comenzaron a atacar a los policías desplegados.
La jornada más sangrienta en 20 años
Varios de los manifestantes acusaron a las fuerzas de seguridad de provocar "una masacre" al "utilizar fuerza letal de manera indiscriminada" para reprimir los tumultos, en palabras de Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. Desde el Gobierno, Rojas justificó la actuación policial, porque "se hizo imposible controlar a la turba". El ministro insistió asimismo en que los agentes "actuaron dentro de los límites legales para proteger sus vidas".
Las protestas vienen produciéndose desde el momento en que las autoridades detuvieron a Castillo tras intentar disolver el Congreso y evitar una moción de censura, el 7 de diciembre. Lo que pretendían ser manifestaciones pacíficas de seguidores del ex presidente -muchos de ellos personas que viven en extrema pobreza y veían en él un salvador- numerosos participantes lanzaron piedras con hondas hondas, bloquearon carreteras vitales, quemaron edificios gubernamentales y ocuparon aeropuertos, provocando los altercados con las fuerzas del orden.
Un mes en Estado de Emergencia en Perú
La nueva presidenta, Dina Boluarte, vicepresidenta en el gobierno de Castillo, decretó en diciembre el Estado de Emergencia, por lo que los militares ocuparon las calles en previsión de los tumultos que habían comenzado a suceder y que han continuado desde entonces. Boluarte condenó la violencia y volvió a insistir en la convocatoria de nuevas elecciones como solución para salir de la crisis que vive el país desde la destitución y detención de Castillo. ""Lo único que está en mis manos es adelantar elecciones, y ya lo hemos propuesto. Durante la paz se puede conseguir cualquier cosa, pero en medio de la violencia y el caos es más difícil", indicó.
El primer ministro peruano, Alberto Otárola, decretó un toque de queda en la región de Puno a partir de las 8 p.m., hora local, durante tres días. Otárola defendió la actuación de las fuerzas del orden y acusó a Castillo ya sus seguidores de ser los verdaderos responsables de las muertes: "Ellos son los responsables, no nuestra policía, ni los ciudadanos que han sido aterrorizados al ver cómo estas hordas de delincuentes intentan socavar nuestros derechos".
"Su propósito es crear el caos"
Los manifestantes anunciaron su intención de marchar a la capital, Lima, en los próximos días. Por su parte, el ejecutivo prometió nuevas medidas para asegurar el orden, lo que hace que los peruanos teman un nuevo baño de sangre. Desde el gobierno, Rojas denunció que no existe voluntad de negociar entre los manifestantes, a pesar de las propuestas presentadas. "Desde el poder ejecutivo queremos hacer las cosas bien, queremos corregir nuestros errores, pero han cerrado la puerta. Su propósito es crear el caos, buscaban estas muertes". lamentó.
