El Departamento de Educación acelera su reestructuración y transfiere funciones a otras agencias
La secretaria de Educación, Linda McMahon, aseguró que está transfiriendo áreas de trabajo hacia otras dependencias federales como parte del plan del presidente Donald Trump para reducir la burocracia educativa federal y devolver mayor autoridad a los estados.
Linda McMahon, secretaria de Educación/ Brendan SMIALOWSKI
La Administración del presidente Donald Trump continúa reduciendo la estructura del Departamento de Educación mediante el traslado de programas y funciones hacia otras agencias federales, una estrategia con la que busca disminuir progresivamente el papel del organismo en Washington.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, explicó en una entrevista con Just the News que ha transferido áreas de trabajo a otras dependencias cuando considera que pueden administrarlas de manera más eficiente o ya realizan labores similares.
“He sacado áreas de trabajo del Departamento de Educación y las he transferido a otras agencias donde será más eficiente hacerlo”, declaró McMahon al medio. La funcionaria sostuvo que algunas tareas estaban duplicadas y que la reorganización permitiría reducir costos.
Un proceso iniciado por Trump en 2025
Trump firmó el 20 de marzo de 2025 una orden ejecutiva que instruyó a McMahon a tomar, “en la máxima medida apropiada y permitida por la ley”, las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver autoridad educativa a los estados y las comunidades locales.
La orden también exige que continúe de forma efectiva e ininterrumpida la prestación de los programas, beneficios y servicios federales establecidos por ley.
Sin embargo, la Casa Blanca no puede eliminar por sí sola el Departamento de Educación, creado por el Congreso en 1979. Su desaparición formal requeriría una acción legislativa. Por esa razón, la Administración ha optado mientras tanto por reducir su plantilla y trasladar la gestión cotidiana de numerosos programas hacia otras dependencias.
De más de 4.100 trabajadores a cerca de 2.200
Una de las primeras grandes medidas llegó en marzo de 2025, cuando el Departamento anunció una reducción de personal que afectó a casi la mitad de su plantilla.
Según los datos publicados por la propia agencia, cuando Trump asumió el cargo había 4.133 empleados. Después de los retiros voluntarios y los despidos anunciados, la cifra prevista quedó en aproximadamente 2.183 trabajadores. El Departamento sostuvo entonces que continuaría administrando los programas obligatorios establecidos por ley, incluidos los préstamos estudiantiles, las becas Pell y los fondos destinados a estudiantes con necesidades especiales.
La reducción enfrentó impugnaciones judiciales. En julio de 2025, la Corte Suprema permitió temporalmente que la Administración siguiera adelante con los recortes al suspender una orden de un tribunal inferior que los había bloqueado mientras continuaba el litigio.
Trabajo trasladado a Labor, Tesoro y otras agencias
El proceso no se ha limitado a reducir empleados.
En noviembre de 2025, el Departamento anunció seis acuerdos interinstitucionales con los departamentos de Trabajo, Interior, Salud y Servicios Humanos y Estado para que esas agencias asumieran mayores responsabilidades en la gestión de determinados programas educativos.
Por ejemplo, el Departamento de Trabajo comenzó a desempeñar un papel mayor en la administración de programas de educación primaria, secundaria y superior. El acuerdo incluye gestión de subvenciones, asistencia técnica y coordinación de programas educativos con iniciativas federales de capacitación y empleo.
El Departamento de Educación, sin embargo, mantiene las facultades legales y de formulación de políticas que el Congreso le ha asignado sobre esos programas.
La Administración extendió la estrategia en marzo de 2026 al anunciar una asociación entre Educación y el Departamento del Tesoro para la gestión del sistema federal de ayuda estudiantil.
Tesoro asumió, entre otras responsabilidades operativas, tareas relacionadas con el cobro de préstamos estudiantiles federales en mora y con el regreso de prestatarios al sistema de pagos. La cartera federal de préstamos estudiantiles rondaba entonces los 1,7 billones de dólares, según Educación.
En junio, Educación anunció además nuevos acuerdos con Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Justicia, que abarcan áreas como programas para personas con discapacidades, protección de derechos civiles y privacidad estudiantil.
El objetivo de McMahon
En la entrevista con Just the News, afirmó que el proyecto consiste en eliminar progresivamente la burocracia educativa concentrada en Washington mediante acuerdos entre agencias.
La estrategia, de acuerdo con la Administración Trump, busca trasladar mayor poder sobre la educación hacia estados, comunidades locales y padres, al tiempo que otras agencias federales administran aquellos programas que el Gobierno está obligado legalmente a mantener.
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