¿Quién es Maricarmen? La privilegiada anciana que el Gobierno socialista español utiliza para intervenir (aún más) el mercado de la vivienda

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, tiene 87 años y llevaba 71 viviendo en el mismo piso del distrito madrileño de Retiro. El 23 de septiembre se ejecutó el cuarto intento de desahucio, después de tres aplazamientos. El caso tiene su origen en un contrato de alquiler firmado en 1956, que pasó de su padre a su madre y posteriormente a ella mediante dos subrogaciones.

El desahucio se produjo después de años de litigio entre Maricarmen y la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, propietaria de la vivienda. La comisión judicial ejecutó el lanzamiento el pasado 23 de septiembre, mientras activistas de izquierda se concentraban frente al edificio para intentar impedirlo. Maricarmen salió del inmueble en una camilla y fue trasladada a un hospital.

Era el cuarto intento de desahucio. El primero se produjo en octubre de 2025. El segundo estaba previsto para el 3 de junio de 2026 y fue aplazado. Un tercer lanzamiento, inicialmente fijado para junio, también fue suspendido. Finalmente, el juzgado estableció el 23 de septiembre como nueva fecha.

Un contrato firmado en 1956

La historia comienza mucho antes de que Urbagestión adquiriera la vivienda. El 3 de septiembre de 1956, el padre de Maricarmen firmó el contrato de alquiler del piso. Era un contrato de los denominados de renta antigua, una forma de alquiler que procede de la época del dictador de derecha Francisco Franco y restringía considerablemente el margen de acción de los propietarios, que de hecho tenían topados los precios que podían imponer a los inquilinos. Paradójicamente, este sistema de alquileres fue modificado en varias ocasiones por Gobiernos socialistas de la etapa democrática (inaugurada en 1978), que aliviaron las cargas que pesaban sobre los propietarios de las viviendas.

El padre de Maricarmen falleció en 1960 y el contrato pasó a su madre mediante una primera subrogación. Cuando la madre murió, en 2005, Maricarmen se subrogó por segunda vez en el contrato. Ese segundo cambio de titularidad es el origen del litigio que terminó llegando a los tribunales.

En 1985, el Gobierno socialista de Felipe González aprobó el Real Decreto-Ley 2/1985, conocido como Decreto Boyer, que eliminó la prórroga forzosa para los contratos nuevos. La propia norma estableció que los contratos celebrados antes de su entrada en vigor continuarían sometidos al régimen anterior.

El siguiente cambio relevante llegó con la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Su disposición transitoria segunda estableció límites a las subrogaciones de los antiguos contratos de alquiler. La norma contempla, entre otros supuestos, condiciones específicas para los hijos que se subrogaran y establece que, en determinados casos, el contrato se extinguía a los dos años. También contempla una excepción vinculada a una discapacidad igual o superior al 65% y otra, durante los diez primeros años de vigencia de la ley, para hijos mayores de 65 años o determinados perceptores de prestaciones.

En el caso de Maricarmen, los tribunales consideraron que su segunda subrogación no podía mantenerse con carácter vitalicio. Su discapacidad reconocida es del 50%, inferior al 65% previsto en la norma, y la segunda subrogación se produjo en 2005, una vez transcurridos los diez primeros años desde la entrada en vigor de la ley. La Audiencia Provincial de Madrid declaró extinguido el contrato por expiración del plazo.

Ocho años de litigio

El conflicto judicial comenzó después de que Urbagestión adquiriera la vivienda en 2018. La empresa sostuvo que la segunda subrogación realizada tras la muerte de la madre no podía mantenerse indefinidamente y reclamó la recuperación del inmueble. El litigio pasó por distintas instancias judiciales.

En primera instancia, Maricarmen obtuvo una sentencia favorable. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid revocó esa decisión y declaró extinguido el contrato. El caso llegó finalmente al Tribunal Supremo, que falló a favor de la propiedad.

La cuestión que llegó a los tribunales no estaba relacionada con un impago del alquiler, sino con la vigencia del contrato y los efectos de la segunda subrogación.

Durante los años que duró el conflicto, Maricarmen pagó de alquiler entre 450 y 500 euros al mes, una cantidad muy inferior a la que se pide actualmente por viviendas similares en ese entorno; es más, se trata de una cantidad similar a las que se pagan por una sola habitación incluso en zonas mucho menos atractivas de la capital de España.

Según la información recogida por el diario online Libertad Digital, el piso tiene 92 metros cuadrados y tres habitaciones, además de salón, cocina, baño y un cuarto de servicio. Tanto por superficie como por número de estancias, se trata de una vivienda que está por encima de la media madrileña: según los últimos datos disponibles, en esta ciudad la vivienda promedio tiene 2,6 dormitorios y 83 metros cuadrados.

Una búsqueda de viviendas de características similares en la zona, una de las más codiciadas de la capital de España, muy cerca del Retiro (el Central Park madrileño), muestra alquileres considerablemente superiores a los que abonaba la anciana. Así, en la misma calle hay viviendas con precios de 2.950, 1.700 y 3.510 euros mensuales.

El conflicto por el nuevo alquiler

Urbagestión planteó un nuevo alquiler de 1.650 euros mensuales, una cantidad que, pese al incremento, seguía situándose por muy por debajo del precio medio de los alquileres en la zona. También hubo una propuesta para que la señora Abascal adquiriera la vivienda. Ninguna de esas alternativas evitó el lanzamiento del 23 de septiembre.

La empresa ha defendido que no pretendía mantener la antigua renta porque consideraba extinguido el contrato y que actuó conforme a las resoluciones judiciales.