El DOJ acusa a cuatro extranjeros de delitos electorales en Pensilvania
El Departamento de Justicia informó que dos de los acusados se encuentran ilegalmente en el país y que los otros dos son residentes permanentes legales. Los cuatro enfrentan cargos relacionados con el registro fraudulento o la votación siendo no ciudadanos.
Imagen exterior del Departamento de Justicia de EEUU
El Departamento de Justicia (DOJ) anunció este jueves cargos contra cuatro no ciudadanos por delitos relacionados con las elecciones en Pensilvania, incluidos dos inmigrantes en situación irregular.
Los casos fueron anunciados por el fiscal federal David Metcalf y se produjeron en el marco de investigaciones realizadas por Homeland Security Investigations (HSI).
“El voto de personas no ciudadanas es ilegal y tiene consecuencias reales para el público estadounidense”, afirmó Nathan Abel, agente especial a cargo de HSI Philadelphia. El funcionario agregó que la agencia continuará trabajando con otras autoridades para investigar posibles delitos electorales y proteger la integridad de las elecciones estadounidenses.
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Dos inmigrantes en situación irregular
Uno de los acusados es Cliff Sanon, de 39 años, ciudadano haitiano que residía en Filadelfia y que, según el Departamento de Justicia, se encontraba ilegalmente en el país.
Sanon fue acusado mediante una denuncia penal de un cargo por presentar una solicitud fraudulenta de registro electoral. Según la acusación, habría presentado una solicitud en febrero de 2026 en el condado de Filadelfia, antes de las primarias de mayo, pese a no ser ciudadano estadounidense.
La denuncia sostiene además que esa solicitud formaba parte de ocho solicitudes fraudulentas de registro electoral que Sanon habría presentado. También se le acusa de haber votado en las elecciones de noviembre de 2022.
Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión, un año de libertad supervisada, una multa de hasta $250.000 y un cargo especial de $100.
La segunda acusada en situación irregular es Dilea Ochoa-Perez, de 43 años, ciudadana mexicana que residía en Coatesville, Pensilvania.
Ochoa-Perez fue acusada de dos cargos por votar siendo extranjera. Según el documento presentado por la Fiscalía, habría votado en el condado de Chester en las elecciones generales de noviembre de 2022 y noviembre de 2024, pese a no ser ciudadana estadounidense en esas fechas.
En caso de una condena, enfrenta un máximo de dos años de prisión, un año de libertad supervisada, una multa de hasta $200.000 y un cargo especial de $50.
Dos residentes permanentes legales
Los otros dos acusados son residentes permanentes legales de Estados Unidos.
Sade Guppy, de 37 años, ciudadana de Trinidad y Tobago y residente permanente legal, fue acusada de un cargo por votar siendo extranjera. Según la Fiscalía, habría votado en el condado de Filadelfia durante las elecciones generales de noviembre de 2022, pese a no ser ciudadana estadounidense.
Guppy enfrenta, en caso de ser condenada, una pena máxima de un año de prisión, un año de libertad supervisada, una multa de hasta $100.000 y un cargo especial de $25.
El cuarto acusado es Eduardo Gallardo Maldonado, de 66 años, ciudadano mexicano y residente permanente legal.
Según la información presentada por la Fiscalía, Maldonado habría votado ilegalmente en el condado de Filadelfia durante las elecciones generales de noviembre de 2024, pese a no ser ciudadano estadounidense.
El cargo contempla, en caso de condena, una pena máxima de un año de prisión, un año de libertad supervisada, una multa de hasta $100.000 y un cargo especial de $25.
El Departamento de Justicia advierte sobre el voto de no ciudadanos
“Nuestra soberanía como nación pertenece al pueblo estadounidense y a nadie más”, dijo Metcalf, quien añadió que quienes voten ilegalmente en las elecciones estadounidenses serán procesados.
Por su parte, HSI Philadelphia sostuvo que cada voto emitido ilegalmente puede afectar la confianza en el proceso electoral y la participación de los ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Justicia aclaró que los cargos y las acusaciones incluidos en las denuncias son únicamente alegaciones y que todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
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