
El alcalde socialista de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó un plan para cerrar el complejo penitenciario de Rikers Island para 2032, cinco años después de la fecha originalmente prometida por el exalcalde demócrata Bill de Blasio. La Administración defiende la medida como una reforma necesaria del sistema de justicia penal.
Una promesa retrasada
Rikers Island, ubicada entre el Bronx y Queens, abrió en 1932 y ha sido objeto de críticas durante décadas por condiciones insalubres, violencia, consumo de drogas, puertas y ventanas dañadas y falta de personal. El complejo alberga principalmente a personas que esperan juicio y que aún no han sido condenadas por un delito.
Bill de Blasio se comprometió a cerrar Rikers para agosto de 2027 tras firmar en 2019 una ley del City Council que estableció legalmente esa fecha de cierre y ordenó reemplazar el complejo por cuatro cárceles más pequeñas en los boroughs. Sin embargo, la fecha no podrá cumplirse. Las cuatro cárceles más pequeñas que debían reemplazar al complejo siguen en construcción. La Administración de Mamdani y varias organizaciones no gubernamentales atribuyen el retraso a la pandemia de covid y a la falta de acción del exalcalde Eric Adams.
Mamdani afirmó que la ciudad tiene una "obligación legal y moral" de cerrar Rikers. Sin embargo, la nueva fecha de 2032 demuestra que el proyecto enfrenta obstáculos logísticos, presupuestarios y políticos que ninguna Administración anterior pudo resolver a tiempo. Además, Mamdani no puede cambiar unilateralmente la fecha legal. Necesita que el City Council apruebe una nueva ley que extienda el plazo de 2027 a 2032.
Menos detenidos, el riesgo más criticado
El plan contempla la construcción de cuatro centros penitenciarios, uno en Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx, con el objetivo de acercar a los detenidos a tribunales, abogados y familiares. La primera instalación, en Brooklyn, está prevista para abrir en 2029.
La Administración busca reducir la población carcelaria de aproximadamente 6,600 personas a cerca de 4,000 mediante una disminución de la detención preventiva y de los retrasos judiciales. También planea trasladar a algunas personas con graves problemas de salud mental a cientos de nuevas camas en instalaciones médicas.
La ciudad destinará 146 millones de dólares el próximo año fiscal para ampliar atención de salud mental, tratamiento por consumo de sustancias, educación, capacitación laboral y servicios para víctimas. La Administración sostiene que estas medidas reducirán la reincidencia y permitirán que menos personas permanezcan encarceladas por períodos considerados innecesarios.
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Un sistema en transición
El comisionado de Correcciones, Stanley Richards, reconoció que las nuevas instalaciones representan solo parte del desafío. La ciudad también debe construir una cultura más segura dentro de las cárceles actuales, proteger al personal y garantizar condiciones dignas para las personas bajo custodia.
La Administración sostiene que el plan no busca eliminar la rendición de cuentas, sino abordar la violencia desde sus causas. No obstante, los críticos consideran que la efectividad del proyecto dependerá de datos concretos: si disminuye la reincidencia, si las víctimas reciben apoyo real y si los delitos violentos disminuyen en los barrios.
El futuro de Rikers
Para los críticos, en cambio, la prioridad sigue siendo clara: Nueva York debe garantizar que ninguna reforma carcelaria comprometa la seguridad de sus residentes. El cierre de Rikers puede ser una meta administrativa, pero la verdadera prueba será si la ciudad logra reducir el crimen, proteger a las víctimas y mantener la responsabilidad penal sin sacrificar la seguridad pública.



