
El juez Clarence Thomas emitió una fuerte advertencia sobre la libertad de expresión después de que la Corte Suprema se negó a revisar el caso contra el requisito de California que obliga a incluir capacitación sobre "sesgo implícito" en los cursos de educación médica continua que los médicos deben tomar para renovar su licencia.
Para Thomas, el Estado no puede usar su poder regulatorio para obligar a ciudadanos privados a transmitir mensajes ideológicos del Gobierno. Según su criterio, regular intensamente una profesión no autoriza a California a convertir el discurso privado de los instructores en "discurso gubernamental" y escapar así del escrutinio de la Primera Enmienda.
Qué decidió la Corte
La Corte Suprema rechazó escuchar el caso Khatibi v. Yip, presentado por la oftalmóloga Azadeh Khatibi y la organización Do No Harm. Los demandantes argumentan que la ley de California obliga a los instructores privados de educación médica continua a incluir contenido sobre "sesgo implícito" en sus cursos como condición para que los médicos puedan renovar su licencia profesional, lo que, según ellos, constituye discurso obligatorio y viola la Primera Enmienda.
La Alta Corte no dijo que la ley sea constitucional. Solo decidió no escuchar el caso, dejando vigente la decisión del Noveno Circuito y el mandato de California.
Para aceptar el caso se necesitaban cuatro votos. Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch querían revisarlo, pero faltó uno. Thomas y Alito presentaron una disidencia, mientras Gorsuch dijo que habría aceptado el caso.
La advertencia de Thomas
Thomas sostuvo que el Noveno Circuito se equivocó al tratar los cursos regulados por California como "discurso gubernamental". Si una expresión es del Gobierno, queda fuera del escrutinio normal de la Primera Enmienda; si es privada, el estado no puede imponerla libremente.
El juez escribió que las protecciones de la Primera Enmienda "no ceden simplemente porque un estado regule fuertemente el discurso". Su mensaje es que California no puede regular su camino fuera del escrutinio constitucional.
Para Thomas, si cualquier actividad regulada puede ser llamada "discurso gubernamental", el estado podría usar licencias, financiamiento o regulaciones para imponer conformidad ideológica.
Thomas también pidió revisar el precedente Shurtleff v. City of Boston, de 2022, que establece cómo se determina si una expresión es gubernamental. Para él, esa prueba ha permitido que los estados conviertan expresiones privadas en discurso del Gobierno y debiliten la libertad de expresión.
Una señal para los conservadores
La disidencia de Thomas, Alito y Gorsuch muestra que el debate sobre el discurso obligatorio sigue vivo en la Corte Suprema. Para los conservadores, la libertad de expresión también debe proteger a quienes se niegan a repetir la ideología del Estado.
La Primera Enmienda no existe solo para proteger discursos populares. Existe, precisamente, para proteger la libertad de quienes se niegan a ser megáfonos del poder.


