El caso contra Ilhan Omar suma ADN, pasaporte y mensajes de su hermana: Tom Homan asegura que el Gobierno tiene “un caso sólido”
En paralelo, la fiscal federal de Washington D.C., Jeanine Pirro, investiga las finanzas de la congresista, en particular una corrección en sus declaraciones patrimoniales que redujo su patrimonio en decenas de millones de dólares por una discrepancia contable que no fue explicada.
La investigación federal contra la congresista demócrata Ilhan Omar sigue avanzando, con los fiscales poseyendo —además de registros migratorios y testimonios— pruebas de ADN, el pasaporte personal de la legisladora que los agentes se llevaron de su casa y mensajes de texto familiares obtenidos del teléfono de una de sus hermanas.
Según fuentes citadas por el New York Post, el ADN sería clave para poner a prueba la acusación más antigua contra Omar, que circula desde 2016.
Esa versión sostiene que Ahmed Nur Said Elmi, con quien se casó en 2009, era en realidad su hermano, y que el matrimonio buscaba ayudarlo a obtener la residencia permanente en Estados Unidos. No está claro cuándo ni cómo se obtuvo la muestra hasta el momento. NewsNation informó que los agentes revisaron la basura de la congresista antes del allanamiento, pero una de las fuentes del NYP rechazó esa versión.
Desde la Administración Trump parece haber confianza en torno el caso. El zar fronterizo, Tom Homan, afirmó el fin de semana que las autoridades federales han construido “un caso sólido” contra la legisladora, que podría llevar a la Administración Trump a buscar su desnaturalización. Sería una medida sin precedentes contra un miembro en ejercicio del Congreso y, probablemente, una situación que provoque críticas de la bancada demócrata.
El camino hasta aquí empezó bastante lejos de Washington. De acuerdo con el New York Times, los investigadores incautaron a principios de este año el teléfono de Sahra Noor, hermana de Omar, y los mensajes encontrados allí sirvieron para que un juez —nombrado por los demócratas— autorizara el registro del 12 de octubre en la vivienda de la congresista en la capital. En ese operativo, los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional se llevaron su teléfono, su pasaporte, computadoras y libretas. El caso está en manos de un gran jurado federal en Minnesota, que en los últimos días emitió citaciones a Noor y a otras personas del entorno de la legisladora.
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Además del matrimonio con Elmi, fuentes consultadas por el diario apuntaron a una posible alteración de la fecha de nacimiento de Omar para que obtuviera la ciudadanía cuando su padre se naturalizó en 2000. La diferencia entre ambos caminos pesa. Una eventual condena por fraude matrimonial no pondría en riesgo su ciudadanía de la misma forma que un caso por declaraciones falsas en documentos oficiales, que es el escenario que abriría la puerta a la desnaturalización de la que habla Homan.
En paralelo, la fiscal federal de Washington D.C., Jeanine Pirro, investiga las finanzas de la congresista, en particular una corrección en sus declaraciones patrimoniales que redujo su patrimonio en decenas de millones de dólares por una discrepancia contable que no fue explicada.
“Ese juez no habría firmado esa orden a menos que hubiera causa probable”, dijo Pirro a Fox News. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, también calificó de sospechosa esa declaración.
La defensa de Omar, a cargo de Amy Jeffress y Joshua Matz, envió una carta al Departamento de Justicia en la que reclamó la devolución de todo lo incautado. Los abogados sostienen que los agentes no respetaron las condiciones que fijó el juez para el registro y que el operativo violó la política que desaconseja este tipo de acciones cerca de una elección.
También aseguran que “no existe ninguna base legítima” para afirmar que su clienta haya violado alguna ley sobre su ciudadanía. El Departamento de Justicia respondió que la carta contiene acusaciones falsas y que difundirla a la prensa “es una jugada publicitaria”.
Omar ha negado durante años cualquier irregularidad en su historia migratoria. Según el Washington Post, la acusación sobre su matrimonio ya fue revisada durante el primer mandato de Trump sin que se reunieran pruebas suficientes. Hasta ahora, no se han presentado cargos formales en su contra.
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