La Administración Trump da la bienvenida a Barbera Thornhill como embajadora contra la trata de personas
Barbera Thornhill asumió el cargo de embajadora en misión especial para vigilar y combatir la trata de personas, después de que el Senado estadounidense confirmara su nominación el pasado 7 de agosto con 51 votos a favor y 47 en contra.
(Voz / Christian Camacho)
La Administración del presidente Donald Trump dio la bienvenida este martes 13 de octubre a Barbera Thornhill como nueva responsable de la Oficina para Vigilar y Combatir la Trata de Personas del Departamento de Estado, con rango de embajadora en misión especial.
El subsecretario de Estado Riley Barnes anunció su incorporación a través de una publicación en la red social X, en la que destacó la importancia de combatir este delito y proteger a sus víctimas.
Barnes calificó la trata de personas como una grave violación de los derechos humanos y un delito transnacional que explota a hombres, mujeres y niños con fines lucrativos. También afirmó que el Gobierno continuará persiguiendo a los responsables, protegiendo a los supervivientes y garantizando justicia para los estadounidenses.
El Senado confirmó su nominación en agosto
La nominación de Thornhill fue enviada al Senado el 11 de mayo y su audiencia de confirmación se celebró el 25 de junio. Finalmente, la Cámara Alta confirmó su nombramiento el 7 de agosto, con 51 votos a favor y 47 en contra, según los registros del Congreso estadounidense.
La oficina llevaba sin un director confirmado por el Senado desde el inicio del segundo mandato de Trump. Su anterior responsable, Cindy Dyer, concluyó su etapa al frente de la institución con el final de la Administración de Joe Biden.
Su experiencia en organizaciones sociales
En su declaración, defendió que combatir la trata de personas es fundamental para proteger los derechos de los ciudadanos, evitar la explotación y defender a las comunidades y empresas frente a las redes criminales y las prácticas laborales abusivas.
Thornhill también expresó su compromiso de incorporar a los supervivientes de la trata de personas como colaboradores en el diseño de políticas públicas, con el objetivo de aprovechar su experiencia para mejorar la respuesta institucional y comprender mejor los métodos utilizados por los traficantes.
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