De un espía de China a condenados por delitos sexuales: el DOJ busca desnaturalizar a 40 inmigrantes
Según el listado publicado por el DOJ, 15 de los 40 acusados son originarios de países de América Latina, el 35% del total. México es el país con más casos de toda la lista, con nueve, seguido de Pakistán, con cuatro.
Todd Blanche, fiscal general/ Lenin Nolly
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó demandas de desnaturalización contra 40 personas acusadas de delitos graves, entre ellos actuar como agente de un gobierno extranjero, homicidio voluntario y agresión sexual agravada contra un hombre con necesidades especiales. Las denuncias se presentaron entre el 21 de agosto y el 2 de octubre y constituyen un récord de demandas de desnaturalización en un solo período durante la Administración Trump.
Se trata de la continuación de la ofensiva que el DOJ anunció en agosto, cuando presentó 25 demandas de desnaturalización.
Entre los casos más graves que destaca el DOJ está el de Jinchao Wei, de 26 años y oriundo de China, que se alistó en la Marina en 2021. Según la agencia, en febrero de 2022 ya conspiraba para vender secretos militares a China y obtuvo la ciudadanía dos meses después, en mayo, mediante una ley que acelera la naturalización de quienes sirven en las Fuerzas Armadas. En agosto de 2025 fue condenado por conspiración para cometer espionaje, espionaje y exportación ilegal de datos técnicos de defensa, y recibió una pena de 200 meses de prisión.
También figura Ping Li, de 61 años y también de China, quien según el DOJ trabajó desde al menos 2012 bajo la dirección del Ministerio de Seguridad del Estado chino para obtener información sobre disidentes, miembros del movimiento Falun Gong y organizaciones no gubernamentales con sede en Estados Unidos. En agosto de 2024 se declaró culpable de actuar como agente de China sin notificar al fiscal general.
Otros acusados fueron condenados por delitos sexuales contra menores, por homicidio voluntario o por fraude fiscal y de salud. Además, de acuerdo con la agencia, otros casos involucran fraude migratorio, identidades falsas, matrimonios fraudulentos u ocultamiento de antecedentes penales y órdenes de deportación previas.
Según el listado del DOJ, 15 de los 40 acusados son originarios de países de América Latina, el 35% del total. México es el país con más casos de toda la lista, con nueve, seguido de Pakistán, con cuatro. Cuba figura con dos, y Colombia, Venezuela y Perú, con uno cada uno.
"El anuncio de hoy marca la mayor iniciativa de desnaturalización en la historia moderna. Desde una persona condenada por espionaje hasta otras condenadas por delitos sexuales contra menores, estos acusados ocultaron hechos cruciales al gobierno de Estados Unidos y son delincuentes graves”, expresó en un comunicado el fiscal general Todd Blanche.
“Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia seguirá recurriendo al proceso de desnaturalización para mantener nuestra seguridad nacional y proteger al pueblo estadounidense”, añadió.
A su vez, el fiscal general adjunto de la División Civil, Brett Shumate, señaló que "cada una de estas personas mintió para obtener la ciudadanía estadounidense", afirmó
¿Cómo funciona el proceso de desnaturalización?
Aunque poco frecuente, este proceso está regulado por normas y procedimientos específicos que se reglamentaron hace más de 70 años, durante la presidencia de Dwight Eisenhower.
La autoridad legal para este proceso se encuentra en la Immigration and Nationality Act (INA). Esta legislación establece que la ciudadanía de un ciudadano estadounidense naturalizado puede ser revocada y el certificado de naturalización cancelado si la naturalización se obtuvo ilegalmente o mediante la ocultación de un hecho relevante o mediante una declaración falsa intencionada.
La INA marca dos caminos para el proceso, el civil y el penal. En ambos casos, si el Gobierno obtiene un fallo favorable, se revoca la ciudadanía y la persona en cuestión vuelve a su estatus previo, dando lugar a un posible proceso de deportación. La sentencia puede apelarse ante las cortes de apelaciones federales y eventualmente ante la Corte Suprema.
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