Exxon y Suncor piden a la Corte Suprema frenar las demandas locales que amenazan la producción nacional de combustibles

La Corte Suprema de Estados Unidos reanuda sus actividades este lunes abordando un litigio clave presentado por la ciudad y el condado de Boulder, Colorado, contra Exxon Mobil y Suncor Energy. 

La demanda, iniciada originalmente en 2018, busca responsabilizar a las empresas energéticas por los costos locales derivados del calentamiento global, exigiendo indemnizaciones financieras por daños atribuidos a la emisión de gases de efecto invernadero.

La causa abierta por Boulder forma parte de una ofensiva legal coordinada en tribunales estatales por parte de varios gobiernos locales contra la industria de los combustibles fósiles. El punto central que deberá resolver la Corte Suprema no es el fondo de la responsabilidad ambiental, sino determinar si la ley federal prohíbe que este tipo de litigios proliferen bajo legislaciones estatales fragmentadas.

El juez Samuel Alito no participará en las deliberaciones tras recusarse del caso, abriendo la posibilidad de un empate 4-4 entre los magistrados. De registrarse esa votación, se mantendría firme el fallo del Tribunal Supremo de Colorado que autorizó la continuidad del proceso.

Advertencias por fragmentación normativa e injerencia en política exterior

Durante sus alegatos ante el tribunal, la representación legal de Exxon y Suncor argumentó que la Constitución y la Ley de Aire Limpio impiden que tribunales locales dicten sentencia sobre emisiones que cruzan fronteras estatales e internacionales. 

La defensa advirtió que mantener la validez del fallo de Colorado permitiría a miles de municipios establecer políticas climáticas contradictorias e imponer regulaciones paralelas a la industria nacional.

La Administración Trump se presentó en respaldo de las compañías energéticas, alertando que autorizar este tipo de reclamos judiciales sobre la producción global de combustible menoscaba la política exterior y perjudica la primacía de Estados Unidos en la producción de energía.

Un total de 26 estados, liderados por el fiscal general de Virginia Occidental, Michael Williams, presentaron escritos de apoyo a la industria sosteniendo que un problema de escala nacional requiere soluciones legislativas federales y no indemnizaciones dictadas por jueces locales.

Por su parte, los abogados de Boulder sostuvieron ante el máximo tribunal que su demanda se fundamenta en supuestas prácticas comerciales engañosas sobre la comercialización de productos, argumentando que los estados conservan la facultad constitucional de buscar reparación por daños locales causados dentro de sus jurisdicciones.

El rol del Congreso frente a la litigiosidad ambiental

Analistas constitucionales señalan que la intervención judicial en materia ambiental podría generar distorsiones si se sustituye la labor del Poder Legislativo.

De acuerdo con Jonathan Adler, profesor de Derecho en la universidad William & Mary, si el Congreso considera que las demandas promovidas por activistas buscan encarecer la energía o restringir su suministro, el Poder Legislativo dispone de las herramientas para limitar estos procesos en los tribunales, tal como lo hizo en 2005 al blindar a los fabricantes de armas frente a demandas civiles.

La Corte Suprema tiene previsto emitir su veredicto definitivo sobre el caso antes de la conclusión de su periodo judicial en el verano de 2027.