La Universidad de Columbia avanza hacia un acuerdo con la Administración Trump para restaurar fondos federales

La Universidad de Columbia se encuentra en una encrucijada y estaría al borde de ceder ante una serie de demandas impuestas por la Administración del presidente Donald Trump, en un esfuerzo por recuperar 400 millones de dólares en fondos federales que fueron cancelados a principios de este mes que responden a acusaciones de antisemitismo en el campus universitario. 

Según detalla el Wall Street Journal, la universidad tiene hasta el jueves para aceptar las nueve exigencias clave, las cuales incluyen prohibir el uso de mascarillas, otorgar más poder a la policía del campus y colocar al Departamento de Estudios de Medio Oriente, Asia Meridional y África bajo una “intervención académica”, lo que implicaría que dejaría de estar controlado por su propio profesorado.

La decisión de Columbia podría marcar un punto de inflexión en la creciente tensión entre Trump y las universidades. Durante su campaña presidencial, Trump prometió tomar medidas firmes contra lo que describe como ideólogos de izquierda en los campus, y desde que asumió el cargo ha impulsado investigaciones sobre el antisemitismo en instituciones educativas. 

Sin embargo, algunos profesores ven estas acciones como una extralimitación del Gobierno federal que amenaza la libertad académica.

Las negociaciones dentro del consejo directivo de Columbia se mantienen fluidas. En ese sentido, un alto funcionario de la universidad describió las conversaciones con los reguladores federales como “continuas y productivas”, pero también apuntó a que aún no están listos para hacer declaraciones públicas, según señaló el Wall Street Journal.

El funcionario enfatizó que cualquier decisión respetará los valores y las obligaciones legales de la institución.

Por parte de la Administración Republicana, esto es solo el comienzo, pues, una carta de la Administración Trump de la semana pasada indicó que cumplir con las nueve solicitudes es solo una “condición previa” para iniciar negociaciones formales, y que se esperan “reformas estructurales inmediatas y a largo plazo”.

El consejo directivo, por su parte, ha estado reunido durante días y algunos miembros expresan su preocupación por el riesgo de sacrificar la autoridad moral y la independencia académica de Columbia a cambio de fondos federales, mientras que otros argumentan que la universidad tiene pocas opciones debido a su dependencia de esos recursos. 

Además, los líderes temen que ceder ante Trump proyecte una imagen de sumisión que podría desencadenar protestas estudiantiles y reacciones negativas del profesorado cuando los estudiantes regresen de las vacaciones de primavera la próxima semana.

El Departamento de Estudios de Medio Oriente, Asia Meridional y África: un punto clave

Uno de los mayores puntos de conflicto es el destino del Departamento de Estudios de Medio Oriente, Asia Meridional y África. La Administración Republicana sostiene que debe ser puesto bajo administración judicial durante cinco años, con una persona externa tomando decisiones en lugar del profesorado.

Muchos profesores rechazan esta intervención federal, y Columbia está negociando para que la medida se presente de manera más favorable, como una solución mutuamente beneficiosa.

Protestas antisemitas en la universidad

El escrutinio sobre Columbia se intensificó tras las protestas antisemitas que sacudieron los campus estadounidenses el año pasado por la guerra en Gaza.

Columbia, fue un epicentro de estas manifestaciones. Por su parte, el Departamento de Justicia creó un grupo de trabajo para combatir el acoso antisemita en escuelas y universidades, mientras que el Departamento de Educación envió cartas de advertencia a 60 instituciones investigadas por este motivo.

A principios de este mes, Mahmoud Khalil, estudiante de Columbia y líder de las protestas propalestinas, fue arrestado por agentes de Seguridad Nacional, convirtiéndose en el primero en enfrentar cargos federales. 

Una portavoz de Seguridad Nacional afirmó que Khalil “lideró actividades afines a Hamás”, una organización designada como terrorista, mientras que su abogado negó cualquier vínculo con el grupo.