La Corte Suprema rechaza la apelación de Musk sobre la actuación de Jack Smith
La empresa X había pedido a la Corte Suprema que considerara si las empresas de redes sociales pueden ser obligadas a entregar al Gobierno las comunicaciones de un usuario mientras que tienen prohibido notificarle sobre ello.
Red social X, de Elox Musk
La Corte Suprema informó de que no decidirá sobre una apelación presentada por X, la empresa de Elon Musk. De esta manera, la corte evade emitir su opinión sobre si el fiscal especial Jack Smith violó la Primera Enmienda cuando obtuvo una orden de allanamiento para los mensajes del expresidente Donald Trump en Twitter y luego prohibió a la compañía divulgarlos.
“Los jueces han eludido otra batalla legal de alto perfil surgida del procesamiento del fiscal especial contra el expresidente por supuestamente intentar subvertir la transferencia pacífica del poder después de las elecciones de 2020”, escribió CBS que obtuvo la decisión judicial.
La empresa X había pedido a la Corte Suprema que considerara si las empresas de redes sociales pueden ser obligadas a entregar al Gobierno las comunicaciones de un usuario mientras que tienen prohibido notificar al usuario sobre ello.
En ese sentido, según recordó CBS, la empresa dijo que la orden de confidencialidad privó al expresidente de la oportunidad de invocar el privilegio ejecutivo sobre el material antes de que fuera proporcionado al fiscal especial.
“Pero X dijo que otros usuarios, como periodistas, médicos o abogados, podrían querer invocar sus propios privilegios y no tendrían la oportunidad de hacerlo”, resaltó CBS.
La batalla legal se remonta a 2023, cuando la juez federal de distrito Beryl Howell ordenó a la empresa que entregara los datos solicitados a Smith. Howell prohibió a la compañía revelar la orden judicial a nadie durante 180 días tras determinar que el Gobierno tenía motivos para creer que notificar a Trump pondría en riesgo su investigación.
“Twitter retuvo los registros mientras impugnaba la orden de no divulgación, que según la empresa violaba su derecho a comunicarse con Trump, amparado por la Primera Enmienda. Pero Howell concluyó finalmente que la orden era válida e impuso a la empresa una sanción por desacato civil de 350.000 dólares por no haber entregado los registros a tiempo”, resaltó el medio de comunicación.
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