Congresistas republicanos presentan un proyecto para enviar a vándalos universitarios al menos seis meses a Gaza

Un nuevo proyecto de ley republicano enviaría a Gaza a los manifestantes que hayan sido acusados y condenados por actividades ilegales en los campus universitarios tras el 7 de Octubre. El texto legislativo enviaría a los transgresores al menos seis meses al territorio gazatí a cumplir servicio comunitario.

"¡Ya está bien!", escribió en sus redes sociales el representante republicano Andy Ogles, tras explicar que la propuesta que presentó el miércoles enviaría a los "agitadores universitarios antiisraelíes" a Gaza.

Ogles presentó otra iniciativa este miércoles para revocar los visados de los universitarios extranjeros que hayan participado en "disturbios o protestas ilegales". Los estudiantes perderían los permisos F, J o M si fueron arrestados en "disturbios o protestas ilegales o mientras establecían, participaban o promovían un campamento en una institución de enseñanza superior", según una copia obtenida por el Daily Caller.

El representante republicano Jeff Duncan, que secundó ambas propuestas, escribió:

Las propuestas se dan tras semanas de tensiones en campus universitarios en todo el país, con la policía interviniendo en universidades como Columbia y la Universidad de California.

Advertencia de prisión en Ohio

Mientras Ogles presentaba sus dos proyectos en el Congreso, el fiscal general de Ohio, Dave Yost, concedía una entrevista para defender su propuesta de encarcelar a los manifestantes pro-Palestina que se cubriesen con máscaras, velos o indumentaria semejante.

En conversación con Fox News, afirmó que la Primera Enmienda protege a los ciudadanos del Gobierno, pero que "no es una espada contra los compañeros de estudio" y que estos últimos "también tienen derechos".

Yost advirtió a principios de semana que la legislación local establece que quienes cometen un delito menor disfrazados, en colaboración con dos o más personas, pueden pasar entre seis y 18 meses en prisión. También pueden tener que pagar 5.000 dólares de multas y cumplir hasta cinco años de control comunitario. El fiscal aludió a una antigua ley, utilizada originalmente contra el Ku Klux Klan.

Yost explicó que esconder la identidad tras una prenda era admitir que se estaba cometiendo un crimen. Que se sabía y se estaba intentando evitar la represalia judicial.