Golpe a Texas: un juez ratifica el programa de Biden que otorga estatus legal a corto plazo a miles de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela
Conocido como ‘parole’, la política permite la entrada de 360,000 migrantes anuales de estos cuatro países.
(Cordon Press)
El juez federal Drew B. Tipton falló en contra de Texas y le dio la razón a la Administración Biden sobre el programa de libertad condicional humanitaria, más conocido como parole, una política migratoria que permite la entrada de 30,000 migrantes por mes de los países Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Considerada una política migratoria esencial para la Administración Biden, el mantenimiento del parole representa un duro golpe para Texas y los estados republicanos que presentaron un recurso para frenar el programa.
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En total, la iniciativa permite la entrada de forma “legal” de hasta 360,000 personas al año si cuentan con el apoyo de un patrocinador financiero.
La Administración Biden, muy cuestionada por dicha política, argumenta que el programa de estatus temporal disuade a los migrantes de estos países de cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, contribuyendo a la creciente crisis migratoria que afecta al país desde la asunción del propio Biden.
A pesar de los esfuerzos de Texas y otros estados, el juez Tipton, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, arguyó en su fallo de 31 páginas que el programa es vital para la política fronteriza y que, por ende, frenarlo podría ser perjudicial para la situación migratoria.
El juez federal concluyó que los estados no saldrán perjudicados por la política, explicando que el parole está pensado para frenar los cruces fronterizos ilegales.
“El expediente establece que el número de ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ingresan a los Estados Unidos desde la implementación del programa ha disminuido dramáticamente hasta en un 44 por ciento”, escribió el juez Tipton. “Los demandantes, por lo tanto, no pueden demostrar que han sido perjudicados por el programa (…) y como resultado carecen de legitimación activa para presentar estas reclamaciones”.
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