Un juez de Miami emite otra orden de arresto contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate
La justicia de Florida considera que existen motivos suficientes para vincular al exgobernante cubano con una conspiración para cometer asesinato en primer grado durante el ataque de 1996, que dejó cuatro estadounidenses muertos.
Un juez de Miami emitió una orden de arresto contra el exdictador cubano Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.
La orden fue firmada el viernes 16 de octubre y autorizada por la jueza principal del Undécimo Circuito Judicial de Florida, Ariana Fajardo Orshan, después de una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), según documentos judiciales obtenidos por el Miami Herald.
De acuerdo con el periódico, el tribunal encontró causa probable para considerar que Castro conspiró con agentes de inteligencia cubanos que operaban en Florida para cometer asesinato en primer grado.
El ataque ocurrió cuando aviones militares cubanos derribaron dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales. Murieron cuatro integrantes de la organización: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
En aquel momento, Raúl Castro dirigía las Fuerzas Armadas de Cuba.
Una flotilla de avionetas para buscar balseros
Miles de personas, desesperadas, se lanzaron al mar en cualquier mínima embarcación (si es que se podían llamarse así) que flotara con la esperanza de alcanzar las costas de Florida. Muchos no lo lograron. El detonante para fundar el grupo, según la propia organización, fue la muerte de una adolescente, Gregoria Pérez Ricardo, que falleció de deshidratación durante la travesía.
El método del grupo, encabezado por el expiloto José Basulto, era simple: salían en pequeñas Cessna desde aeropuertos del área de Miami, monitoreaban el estrecho en busca de embarcaciones precarias, marcaban su posición y la pasaban a los guardacostas estadounidenses para que organizaran el rescate. A veces dejaban caer agua y comida en un radio cercano a las balsas. Con el tiempo, también fueron un poco más allá, animándose a lanzar octavillas sobre La Habana, panfletos que reproducían textos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prohibida de facto en la isla. Por supuesto, esto no gustaba al régimen castrista.
La Habana llamó a esas incursiones una amenaza a su seguridad y tildó al grupo de organización terrorista. No obstante, los testimonios, pericias y visiones de los expertos apuntan a que los pilotos de Hermanos al Rescate eran voluntarios, sin armamento, y su acción más confrontativa fue arrojar papeles sobre la isla. Ningún organismo internacional legítima respaldó la tesis del peligro militar para Cuba. Al contrario, tanto la Organización de Estados Americanos como la de Aviación Civil Internacional concluyeron después que el ataque fue ilegítimo, en violación al derecho internacional.
La nueva orden judicial se produce después de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunciara en marzo una investigación penal estatal sobre la responsabilidad del exdirigente cubano en aquellos hechos.
Según el Miami Herald, las autoridades fundamentan la jurisdicción de Florida en las presuntas actividades de dos espías cubanos que operaban en Miami y Cayo Hueso, infiltrados en Hermanos al Rescate, y que habrían transmitido información sobre los vuelos antes del ataque.
Se trata de la segunda orden de arresto contra Raúl Castro por este caso. En mayo de 2026, un gran jurado federal ya había presentado cargos contra el exgobernante por asesinato y conspiración para matar, en un procedimiento anunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La decisión de la justicia estatal abre otro frente penal contra Castro, de 95 años, tres décadas después de un episodio que sigue siendo motivo de exigencias de justicia por parte de los familiares de las víctimas y de la comunidad cubana exiliada.
Aunque la orden permite solicitar su detención, no garantiza que el exdictador pueda ser trasladado a territorio estadounidense para enfrentar un juicio.
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