España: la Fiscalía, en manos de Pedro Sánchez, avala ahora que se investigue a Julio Iglesias por presuntos delitos sexuales

La Fiscalía española ha solicitado la reapertura del caso de Julio Iglesias, que fue acusado de incurrir en delitos sexuales y trata de personas por dos exempleadas, para que sea judicializado meses después de que esta misma institución pública archivase una primera denuncia contra el cantante.

El Ministerio Público emitió un informe para que se desarchive el caso, requiriendo el estudio de los hechos presuntamente cometidos por Iglesias y judicializarle si compete.

Ahora queda saber si la Justicia decide abrir diligencias de investigación contra Iglesias y le somete a juicio.

La denuncia está archivada por ahora

A comienzos de 2026, dos exempleadas, que usaron los pseudónimos de Laura y Rebeca para no revelar su identidad, presentaron una denuncia contra Iglesias acusándole de delitos como "violencia sexual y física". Ambas estuvieron representadas por la organización Women's Link Worlwide, una organización femenista que se autoproclama defensora de los derechos de las mujeres.

"De acuerdo con la denuncia presentada, Laura y Rebeca habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021", señaló en un comunicado Women's Link Worlwide.

"El 5 de enero se pusieron en conocimiento de la Fiscalía (española) hechos 'que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre', 'delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual', así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores", agregó. "[Iglesias] las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".

El cantante negó rotundamente tales acusaciones, calificándolas de "falsas".

"Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza", dijo Iglesias. "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa". 

Días después, la Justicia española tomó la decisión de archivar la denuncia debido a la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles", al ser delitos que presuntamente se habrían cometido en el extranjero (concretamente, en República Dominicana). Además, el cantante demandó a Univisión y al periódico español eldiario.es por acusarle sin pruebas de "violaciones y agresiones físicas" en diferentes informaciones que fueron publicando sobre el caso durante años con las que consiguieron desprestigiarle.

Una decisión, ¿en clave electoral?

Este giro de guión no parece casual. Cuando apenas queda algo más de un mes para la celebración de las elecciones generales en España, la Fiscalía, que depende del Gobierno de Pedro Sánchez —algo de lo que él mismo ha alardeado en alguna entrevista—, ha cambiado de opinión, olvidándose del respaldo que dio al archivo del caso.

Esta decisión, con un caso tan mediático como el de Iglesias, permite que se ponga sobre la mesa uno de los argumentos políticos que ha empleado Sánchez y su formación, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), durante años para ganar apoyo social a través de un asunto tan complejo como es la violencia contra las mujeres.

A ello hay que añadir que Iglesias es simpatizante desde hace décadas del Partido Popular (PP), principal adversario del PSOE y firme candidato a ganar las elecciones que se celebrarán el 29 de noviembre y a arrebatarle al socialismo el poder.