En una época en la que la seguridad pública y el respeto por la aplicación de la ley deberían ser primordiales, resulta desalentador presenciar cómo un número significativo de funcionarios electos de izquierda dan la espalda a los valientes hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para protegernos.

Recientemente, 148 congresistas demócratas votaron en contra de un crucial proyecto de ley destinado a detener y deportar a los extranjeros ilegales que agredan a agentes de policía. Este voto que protege a los extranjeros criminales no es sólo una traición a nuestros policías, encargados de hacer cumplir la ley, sino también un flaco favor a la seguridad y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses y de los inmigrantes legales. 

El proyecto de ley es sencillo. Es una propuesta que busca, sin ambages, asegurar la detención y deportación de cualquier inmigrante ilegal que agreda a un oficial. Fue diseñada para enviar un mensaje claro: no toleraremos la violencia de quienes se encuentran ilegalmente en nuestro país contra quienes protegen a nuestras comunidades. Que 148 demócratas optaran por oponerse a esta legislación de sentido común plantea serias dudas sobre su compromiso con la seguridad pública y el Estado de derecho.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) publicó un informe que mostró que 79.091 agentes fueron agredidos en 2023, la tasa más alta en 10 años. Nuestros policías ya enfrentan inmensos desafíos, operando bajo una amenaza constante de violencia, a menudo por parte de personas con poco respeto por la ley. El riesgo de enfrentar a agresores que de no ser debidamente responsabilizados podrían permanecer dentro de nuestras fronteras sólo agrava estos desafíos. Al votar contra este proyecto, los demócratas demostraron que les importan más los criminales extranjeros que la seguridad de nuestros agentes. 

Esta decisión también envía un mensaje preocupante al público en general. Sugiere que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses es negociable, sujeta a los caprichos de la conveniencia política. Las consecuencias de tal postura tienen un amplio alcance. Cuando nuestros funcionarios electos priorizan los intereses de quienes infringen nuestras leyes sobre quienes las hacen cumplir, socavan los cimientos mismos de nuestro sistema legal y erosionan la confianza pública.

Los demócratas tienen que explicar por qué creen que los derechos de delincuentes violentos que violaron nuestras leyes de inmigración deberían tener prioridad sobre la seguridad de los ciudadanos respetuosos de la ley y de los agentes que los protegen.

El argumento de quienes se oponen al proyecto de ley gira en torno a preocupaciones infundadas sobre la aplicación de la ley de inmigración y el potencial de discriminación racial. Los criminales extranjeros a menudo se aprovechan de las comunidades de inmigrantes que también merecen vivir sus vidas en un ambiente seguro. Agredir a un oficial de policía es un delito grave y quienes cometen tales actos, independientemente de su estatus migratorio, deben enfrentar las consecuencias apropiadas. La deportación es el remedio adecuado para los extranjeros ilegales que agreden a nuestros valientes hombres y mujeres encargados de hacer cumplir la ley.

Además, la idea de que este proyecto de ley conduciría a una discriminación racial generalizada es una cortina de humo. La legislación está dirigida específicamente a personas que han cometido un delito violento contra un agente de policía. No aboga por la detención y deportación indiscriminada o arbitraria de inmigrantes. En cambio, busca garantizar que aquellos que representan un peligro claro y presente para la seguridad pública sean eliminados de nuestras comunidades. Ésta no debería ser una cuestión partidista, es una cuestión de sentido común y de seguridad pública.

Los 148 demócratas que votaron en contra de este proyecto de ley deben rendir cuentas. Sus electores merecen saber por qué eligieron ponerse del lado de criminales extranjeros que atacan a agentes de policía en lugar de apoyar a los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas todos los días. Necesitan explicar por qué creen que los derechos de delincuentes violentos que violaron nuestras leyes de inmigración deberían tener prioridad sobre la seguridad de los ciudadanos respetuosos de la ley y de los agentes que los protegen.

Nos corresponde a todos exigir que nuestros funcionarios electos den prioridad a la seguridad de nuestras comunidades y de quienes nos protegen.

En el America First Policy Institute, creemos en poner la seguridad del pueblo estadounidense primero. Apoyamos a nuestros agentes del orden y continuaremos abogando por políticas que los protejan y defiendan el Estado de derecho. La reciente votación en contra de este vital proyecto de ley es un claro recordatorio del trabajo que queda por hacer. Nos corresponde a todos exigir que nuestros funcionarios electos den prioridad a la seguridad de nuestras comunidades y de quienes nos protegen.

El voto en contra de detener y deportar a extranjeros ilegales que agreden a agentes es una clara abdicación de responsabilidades por parte de los 148 demócratas. Es una decisión que pone en peligro la seguridad pública y socava el Estado de derecho. Debemos seguir abogando por políticas que protejan a nuestros agentes del orden y responsabilicen a quienes los dañan. El pueblo estadounidense no merece menos.