La Universidad de Cornell prohíbe las fiestas de fraternidades por el resto del año académico tras una explosiva demanda por abuso sexual
La rectoría de la prestigiosa institución de la Ivy League ordenó la suspensión inmediata de eventos sociales en las fraternidades mientras la Fiscalía estatal investiga denuncias contra varios estudiantes.
La Universidad de Cornell anunció la suspensión total de fiestas y eventos sociales en todas las fraternidades pertenecientes al Consejo Interfraternidad (IFC) durante el resto del año académico 2026-2027.
La medida fue oficializada este martes por el presidente de la institución, Michael Kotlikoff, a través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria tras la presentación de una demanda judicial que involucra acusaciones de agresión sexual masiva en una residencia estudiantil.
La decisión administrativa responde a las revelaciones contenidas en una demanda presentada por una estudiante, identificada en los expedientes judiciales como Jane Doe, quien afirmó haber sido agredida sexualmente por siete hombres en la sede de la fraternidad Chi Phi en octubre de 2024.
"Estas medidas darán tiempo para una revisión exhaustiva de la vida de las fraternidades en Cornell para determinar si pueden continuar de manera segura y cómo", escribió Kotlikoff en su mensaje. El presidente universitario enfatizó que habrá "cero tolerancia ante las violaciones" y advirtió que cualquier fraternidad que realice reuniones sociales enfrentará una suspensión inmediata.
Intervención estatal y revisiones independientes
El caso escaló al ámbito estatal luego de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designara a la Fiscalía General del Estado como fiscal especial para liderar las investigaciones criminales sobre el incidente.
Por su parte, la universidad contrató a la ex subfiscal general de Estados Unidos, Sally Yates, para llevar a cabo una auditoría independiente sobre el manejo del caso.
Aunque la administración universitaria aplicó sanciones disciplinarias contra algunos de los jóvenes involucrados en el expediente, ninguno ha sido imputado penalmente hasta el momento.
En el ámbito judicial, la defensa de al menos dos de los acusados solicitó recusar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, argumentando una supuesta falta de imparcialidad por haber publicado mensajes de apoyo a la denunciante en redes sociales antes de ser nombrada fiscal especial.
Las discrepancias entre la demanda formal y las declaraciones iniciales rendidas ante la policía del condado de Tompkins mantuvieron el caso estancado a nivel local. Sin embargo, la divulgación de las transcripciones de las entrevistas policiales llevó a las autoridades estatales a reabrir la revisión exhaustiva de los hechos, desencadenando un fuerte impacto sobre la vida estudiantil y las dinámicas sociales del campus universitario.
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